Sentencia N° 464 Constitucional TSJ 2001: Ali Rafael Coronado Montero vs Corporación CH 0569 C.A. — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Ali Rafael Coronado Montero contra decisiones del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil. Se alegó la violación de derechos procesales en el remate de un bien hipotecado. La Sala declaró inadmisible la acción de amparo, argumentando que ya existía otra acción pendiente sobre los mismos hechos, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Se revocó la decisión del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito.

De las actas que conforman este expediente se evidencia, que el accionante interpuso, en fecha 31 de enero de 2000, por ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acción de amparo constitucional en contra de las actuaciones del mismo Juzgado, y solicitó se suspendieran las actuaciones destinadas a realizar el remate del inmueble y se ordenara la revocatoria parcial del auto de admisión de la tercería propuesta en el juicio que, por ejecución de hipoteca, sigue la sociedad CORPORACIÓN CH 0569 C.A., en contra de su representado, acción calificada “como amparo sobrevenido”, y que fue sentenciada por el referido Juzgado de Primera Instancia en fecha 1° de febrero de 2000, quien declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta. Conforme a la consulta obligatoria contemplada en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el conocimiento del juicio de amparo fue asumido por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien dictó sentencia en fecha 14 de marzo de 2000, y la que, en su parte motiva, determinó lo siguiente: “La competencia para conocer de la acción de amparo sobrevenido intentado contra una decisión emanada de un Juzgado de Primera Instancia, le corresponde a un Juzgado Superior con competencia en la misma materia del Tribunal de Primera instancia que dicto la decisión. Es de Doctrina (sic) que la competencia, es un requisito de validez de la sentencia que se dicte y, ello, de conformidad con los artículos 3, 28, 206, y 208 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente a la materia de amparo constitucional, por mandato expreso del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Tratándose de que la competencia es de inminente orden público, la incompetencia puede ser declarada en cualquier estado y grado de la causa, según lo previsto en los artículos 11 y 60 del Código Procesal (sic) y, en atención a que este tribunal, en sede constitucional, en virtud de la consulta obligatoria de ley, tiene facultades para revisar y anular, tanto el procedimiento seguido, como la sentencia dictada, cuando encuentre infracciones de orden público y constitucionales, aun cuando ninguna de las partes interesadas haya planteado el asunto de la incompetencia.

Por las consideraciones que anteceden y las conclusiones que de ellas han sido deducidas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 1) REVOCA la decisión dictada en fecha 4 de mayo de 2000, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en la acción de amparo constitucional interpuesta por la representación judicial del ciudadano ALI RAFAEL CORONADO MONTERO: 1) contra el auto de fecha 27 de enero de 2000 dictado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; 2) contra las actuaciones ejecutadas por el referido Juzgado de Primera Instancia, desde el 31 de enero del mismo año y, específicamente, el acto de remate efectuado en fecha 2 de febrero de 2000 en el juicio que, por Ejecución de Hipoteca intentara la sociedad mercantil CORPORACIÓN CH 0569 C.A. en su contra; y 3) Se declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional al haberse verificado la causal establecida en el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.