Sentencia N° 463 Constitucional TSJ 2001: Jesús Caballero Ortiz, Belén Ramírez… vs Homero Bártoli Álvarez

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por varios magistrados. La acción se basó en la vulneración del derecho a la defensa de la ciudadana Aída León León, quien fue removida de su cargo sin la debida notificación a la Corte que la había nombrado. La Corte consideró que la falta de notificación a la autoridad competente violó el derecho a la defensa, lo que justificó la decisión de amparo.

La presente acción de amparo constitucional se interpuso contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa nº 122-92 de fecha 9 de noviembre de 1992, suscrita por el Inspector del Trabajo, Jefe I, de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del entonces Distrito Federal, mediante el cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana AÍDA LEÓN LEÓN, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en donde desempeñaba el cargo de Secretaria de Magistrado. Los accionantes, quienes actuaron en su condición de Magistrados para ese entonces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a tal efecto señalaron, que le fue vulnerado el derecho constitucional a la defensa, previsto en el artículo 68 de la Constitución de 1961, por considerar que la señalada Inspectoría del Trabajo, en el procedimiento administrativo instaurado por la ciudadana AÍDA LEÓN LEÓN, no notificó al referido órgano jurisdiccional, el cual fue el autor del acto de remoción que afectó a la señalada ciudadana. Por su parte, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Accidental, al conocer de la referida acción de amparo constitucional, declaró con lugar la misma, por considerar que se había violentado el derecho a la defensa de los accionantes, porque ha debido practicarse la notificación a la autoridad que efectivamente dictó el acto y sobre la cual habrían de recaer los efectos de la decisión de la autoridad administrativa que conociera del recurso interpuesto.

CONFIRMA la sentencia de fecha 14 de enero de 1993, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Accidental, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos JESÚS CABALLERO ORTIZ, BELÉN RAMÍREZ LANDAETA, JOSÉ AGUSTÍN CATALÁ, ALEXIS PINTO D’ASCOLI y GUSTAVO URDANETA TROCONIS, los dos primeros actuando con el carácter de Magistrados Presidente y Vicepresidente para ese entonces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y los últimos como Magistrados de dicha Corte, contra la Providencia Administrativa nº 122-92 de fecha 9 de noviembre de 1992, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del entonces Distrito Federal.