Sentencia N° 46 Constitucional TSJ 2001: José Ignacio Felice A. — Recurso de apelación en acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 26 de enero de 2001, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Javier García Ponte en representación de José Ignacio Felice A., contra la decisión de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo que había declarado inadmisible la acción de amparo. La Sala argumentó que el presunto agraviado no interpuso apelación contra el fallo que ahora se impugna, lo que implica un consentimiento tácito a la decisión, constituyendo una causal de inadmisibilidad de la acción de amparo.

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer la apelación objeto de estos autos, y al respecto se observa que la misma fue interpuesta en contra de una decisión dictada por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, actuando como tribunal constitucional de primera instancia. Por tal motivo, reiterando los criterios expuestos en sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación objeto de estos autos. Así se declara. Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la sentencia recurrida en apelación, y al efecto observa que: La naturaleza de la acción de amparo constitucional, fue revisada por esta Sala Constitucional en sentencia de fecha 28 de julio de 2000 (caso Luis Alberto Baca), en la cual se asentó que: “[L]a doctrina y muchas sentencias, la consideran una acción extraordinaria, aunque en realidad no lo sea, ya que ella es una acción común que la Constitución vigente (artículo 27) otorga a todo aquél a quien se le infrinjan derechos y garantías constitucionales, pero cuya admisibilidad varía, de acuerdo a las diversas fuentes de transgresión constitucional que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales previene. Estas infracciones pueden provenir de vías de hecho, o estar contenidas en actos administrativos, normas jurídicas, actos u omisiones procesales, sentencias judiciales, etc. Por lo tanto, no es cierto que per se cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer, al ser utilizadas las vías procesales ordinarias (recursos, etc.), la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable.”

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial del ciudadano JOSÉ IGNACIO FELICE A. En consecuencia, CONFIRMA la decisión dictada por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo en fecha 30 de junio de 1999. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.