Sentencia N° 456 Constitucional TSJ 2000: Angela Rodríguez de Puente vs María Cristina Bada Vásquez — Declaración de competencia…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia entre dos tribunales en relación a una acción de amparo constitucional interpuesta por Angela Rodríguez de Puente. La acción se originó tras la desposesión de la demandante de su hogar por parte de la arrendadora, lo que motivó la solicitud de amparo por la violación de derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del hogar y la protección de la familia. La Sala determinó su competencia para conocer del caso, considerando que la naturaleza del derecho afectado era civil y que correspondía a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil.

El criterio fundamental utilizado por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de amparo constitucional, es la afinidad o identidad entre la materia que está atribuida a los jueces y los derechos y garantías constitucionales amenazados de violación. Así lo dispone expresamente la mencionada ley, al consagrar en su artículo 7 que: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo”. Es de hacer notar, que con el criterio antes mencionado el legislador buscó que fueran los jueces que más conocieran y que estuvieran más familiarizados con los derechos constitucionales denunciados como lesionados, los que tuvieran la competencia para conocer de la acción de amparo, circunstancia esta que redundaría en la eficacia y desarrollo de la institución. Para determinar la competencia por afinidad con la materia, no bastará examinar sólo y únicamente la naturaleza misma del derecho o garantía que se dicen lesionados, sino que será necesario precisar en cuál de las esferas con las cuales estos se encuentran relacionados puede provocarse esa lesión o gravamen. De esta manera, tenemos que los hechos que ocasionaron que la presunta agraviada interpusiera la acción de amparo, surgieron como consecuencia de una relación contractual, a través de un contrato de arrendamiento. Por otra parte, se desprende de su escrito que lo solicitado se circunscribe a que se le permita volver a poseer el bien inmueble objeto de dicho contrato. En consecuencia, se evidencia de lo anterior el carácter civil que subyace en la acción intentada.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, DECLARA COMPETENTE a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, para conocer de la acción de amparo interpuesta por la ciudadana ANGELA RODRÍGUEZ DE PUENTE, en contra de la ciudadana María Cristina Bada Vásquez. Remítase el expediente a la Oficina Distribuidora de Expedientes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda para que asigne a un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil de la localidad el conocimiento de la presente causa. Remítase copia de la presente decisión al Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y al Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento. Publíquese, regístrese y comuníquese.