Sentencia N° 452 Constitucional TSJ 2000: ELÍAS SANTANA y LILIANA ORTEGA vs Consejo Nacional Electoral — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Elías Santana y Liliana Ortega, en representación de las organizaciones 'Queremos Elegir' y 'Cofavic', contra el Consejo Nacional Electoral. Los accionantes alegaron la violación de derechos constitucionales en el contexto de las 'megaelecciones' convocadas para el 28 de mayo de 2000, argumentando que no se cumplían las condiciones necesarias para un proceso electoral transparente y confiable.

La solicitud de amparo constitucional bajo análisis se dirige contra presuntas actuaciones y omisiones del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL órgano de rango constitucional, conforme lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto fue reimpreso en la Gaceta Oficial nº 5.453 Extraordinario del 24 de marzo de 2000, por lo que las impugnaciones que se hagan de sus actos, actuaciones u omisiones, deben conducirse a través de un iter procesal distinto en algunos aspectos a los emitidos por otros órganos de menor entidad o de distinto nivel dentro de la estructura orgánica del Estado venezolano. En materia de amparo constitucional, y en particular, respecto al tribunal competente para conocer de las acciones de esta especie incoadas contra autoridades responsables de llevar adelante las funciones políticas de mayor relevancia, destaca la Sala la norma contenida en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual establece a la letra lo siguiente: 'Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia conocerá, en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República.' De dicho dispositivo se lee que corresponde al Máximo Tribunal de la República (para ese momento la Corte Suprema de Justicia) dar cauce a los pedimentos de amparo formulados contra los actos, actuaciones o hechos de dichos organismos en la Sala afín con el derecho o garantía constitucional conculcado, entre los cuales se menciona de manera expresa al Consejo Supremo Electoral, cuyas funciones en la nueva estructura organizativa del Estado han sido asumidas por el Consejo Nacional Electoral.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos ELÍAS SANTANA y LILIANA ORTEGA, titulares de la Cédulas de Identidad nos. 4.349.290 y 6.925.767, respectivamente, actuando en nombre propio y en el de las organizaciones 'QUEREMOS ELEGIR' y el 'COMITÉ DE FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LOS SUCESOS DE FEBRERO-MARZO DE 1989' ('COFAVIC'), contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL; en consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en razón de la urgencia del caso, ante la inminente celebración el 28 de mayo del año en curso, de los referidos comicios: 1º) Fijar la audiencia oral y pública para el día jueves 25 de mayo de 2000, a las 10 de la mañana (10:00 a.m.). 2º) Notificar de manera inmediata al Presidente del Consejo Nacional Electoral a fin de que en esa oportunidad exprese los argumentos que estime convenientes; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del acta que recogió la solicitud oral. 3º) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem; al oficio deberá anexarse también copia de la presente decisión y del acta que recogió la solicitud oral. 4º) Notificar a la Defensoría del Pueblo a fin de que igualmente exprese lo que estime conveniente; al oficio deberá anexarse copia de la presente decisión y del acta que recogió la solicitud oral. Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.