Sentencia N° 446 Constitucional TSJ 2001: Sociedades Civiles “Sucesora de la Comunidad… vs Juzgado Superior en lo Civil…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo interpuesta por los representantes de las sociedades civiles en contra de una sentencia del Juzgado Superior que revocó el nombramiento de un partidor en un juicio de partición. La decisión impugnada fue considerada como una violación del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, ya que se alegó que el juez había retrocedido en el proceso de partición que se había prolongado por más de 30 años. La Sala decidió suspender los efectos de la sentencia apelada hasta que se resuelva el fondo de la controversia.

La acción de amparo contra actos jurisdiccionales, ha sido concebida en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de impugnación de decisiones judiciales, revestido de particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia. Así, en ella se han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, pues resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar. En este sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone lo siguiente: “Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.”

1.- ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por los abogado Jesús Petit Da Costa y Jacqueline Espinoza Méndez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de las Sociedades Civiles “Sucesora de la comunidad del Sitio de Suárez” y “Comuneros y Adjudicatarios del Lote C-C1 del Sitio de Suárez”, en contra de la sentencia dictada el 14 de julio de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. 2.- Se ORDENA la notificación del titular o del encargado del referido Tribunal Superior, a quien se le otorga el término de la distancia, a fin que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije la oportunidad en que ha de efectuarse la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas de la última notificación que se haga de quienes haya que notificar. No se ordena la notificación del accionante por estar a derecho. 3.- Se ORDENA la notificación del Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, se ordena hacer saber a las partes del proceso que originó el fallo impugnado, de la presente admisión, notificación que debe hacer de inmediato el Juzgado Superior, y cuyas resultas debe hacer saber a esta Sala, bajo pena que su incumplimiento pudiera ser considerado como falta disciplinaria por desacato a la orden de la Sala. En caso que el expediente se encontrare en primera instancia, el Juzgado Superior deberá comisionar al inferior para que haga las participaciones correspondientes, apercibido de la misma sanción. 4.- Se ACUERDA la medida cautelar solicitada hasta que se dicte la sentencia de mérito, y en consecuencia, se ORDENA la suspensión de los efectos de la sentencia accionada.