Sentencia N° 443 — Sala Constitucional del TSJ, 10 de abril de 2015

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declara que el Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el 9 de marzo de 2015, carece de legitimidad y vulnera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se argumenta que dicho decreto infringe los principios del Derecho Internacional y los derechos humanos de los venezolanos, constituyendo una injerencia en los asuntos internos del país. La Sala establece que cualquier acto basado en este decreto no tiene validez en Venezuela y puede generar responsabilidad internacional para los Estados Unidos.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que el decreto “Orden Ejecutiva” emanado de la Presidencia de los Estados Unidos de América, del 9 de marzo de 2015, suscrito por el Presidente de ese Estado, carece de legitimidad respecto de la República Bolivariana de Venezuela y sus habitantes. El referido decreto vulnera todas las fuentes del Derecho Internacional, y contraría la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los más emblemáticos criterios jurídicos y éticos de la humanidad. Cualquier acto desplegado por los Estados Unidos de América o por cualquier persona o entidad, basándose en el referido Decreto “Orden Ejecutiva”, no tiene validez respecto de la República Bolivariana de Venezuela y sus habitantes.

1. Que es COMPETENTE para conocer la demanda de autos. 2. ADMITE la demanda incoada, la resuelve de mero derecho y declara la urgencia del presente asunto. 3. RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada y, en consecuencia, establece lo siguiente: 3.1.- Que el decreto “Orden Ejecutiva” emanado de la Presidencia de los Estados Unidos de América, del 9 de marzo de 2015, suscrito por el Presidente de ese Estado, carece de legitimidad respecto de la República Bolivariana de Venezuela y sus habitantes. 3.2.- Que el referido decreto “Orden Ejecutiva” vulnera todas las fuentes del Derecho Internacional, y contraría la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los más emblemáticos criterios jurídicos y éticos de la humanidad. 3.3.- Que ese decreto contradice los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas, y, en general, de todos sus destinatarios. 3.4.- Que cualquier acto desplegado por los Estados Unidos de América o por cualquier persona o entidad, basándose en el referido Decreto “Orden Ejecutiva”, no tiene validez respecto de la República Bolivariana de Venezuela y sus habitantes. 3.5.- Que el referido decreto pudiese generar responsabilidad internacional y nacional para los Estados Unidos de América y para quien lo dictó, así como para todos los que lo han aplicado y los que induzcan o cooperen con su aplicación; razón por la que las autoridades venezolanas están legitimadas para encausar las investigaciones y los procesos correspondientes.