Sentencia N° 432 — Sala Constitucional del TSJ, 28 de abril de 2009

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar la apelación interpuesta por Rafael Antonio López Briceño, quien actuó en representación de su hijo, contra la decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que había declarado inadmisible la acción de amparo constitucional. La Sala confirma la decisión apelada, argumentando que el recurso de apelación fue ejercido de manera extemporánea, lo que impide la admisión de la acción de amparo.

La Sala considera que la acción de amparo solo puede ejercerse en ausencia de los mecanismos dispuestos por la ley para impugnar las decisiones judiciales, lo que es vital para el buen funcionamiento de la administración de justicia. En este caso, el accionante no agotó la vía ordinaria, lo que le niega la posibilidad de interponer la acción de amparo. La Sala reitera que la parte quejosa, al no instar al aparato jurisdiccional de manera oportuna, dejó de emplear los medios ordinarios preexistentes, configurándose lo preceptuado en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara: 1) SIN LUGAR la apelación propuesta por la representación judicial accionante el 10 de agosto de 2007, contra la sentencia emitida, el 7 de agosto de 2007, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró inadmisible la pretensión de tutela constitucional. 2) SE CONFIRMA en los términos aquí expuestos la decisión apelada, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Rafael Antonio López Briceño actuando en representación de su menor hijo cuyo nombre se omite en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.