Sentencia N° 422 Constitucional TSJ 2000: Almacenadora el Progreso C.A. vs Invercentro C.A. — Apelación de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por la sociedad mercantil Invercentro C.A. contra la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, que había declarado con lugar la acción de amparo constitucional presentada por Almacenadora El Progreso C.A. La Sala concluyó que no existía caducidad de la acción de amparo y que se habían vulnerado garantías constitucionales en el proceso anterior, lo que llevó a la anulación de las decisiones impugnadas. Finalmente, se declaró sin lugar la apelación de Invercentro C.A.

Una vez analizadas las actas que conforman el presente expediente, pasa esta Sala a decidir previa las consideraciones siguientes: Ha sido alegada por la parte apelante la violación de la cosa juzgada, por considerar que la decisión apelada entró a conocer y dejó sin efecto dos (2) decisiones contra las cuales no cabría ejercer recurso ordinario alguno, por haber quedado definitivamente firmes, convirtiéndose en una suerte de tercera instancia. Al respecto cabe observar que frente al principio de seguridad jurídica, generado esencialmente por la estabilidad de las decisiones y al derecho de los particulares a no ser juzgado por los mismos hechos por los cuales obtuvieron decisiones, se contrapone el derecho de las partes a intervenir en un proceso justo, transparente y equitativo, donde se le garantice a éstos el acceso a la justicia, el derecho a ser oídos, a intervenir en la defensa de sus derechos y a obtener una decisión oportuna y efectiva. Esta contraposición entre la estabilidad de las decisiones y el derecho de las partes a intervenir en un proceso justo, generó que la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia hiciera referencia a la cosa juzgada aparente, cuando la sentencia proferida no haya sido el resultado de un proceso estable y válido. En efecto, en reciente sentencia, la Sala de Casación Civil, precisó lo siguiente: “En principio existen, ciertamente, derechos de origen constitucional respecto a los cuales la sentencia puede quebrantar las reglas del debido proceso y los derechos de defensa y a ser oído, no puede adquirir la convicción de definitivamente firme que produce la autoridad de cosa juzgada. Son de esa especie los fallos sobre derechos de índole no patrimonial vinculados a los concernientes a la persona humana, su vida, su libertad, su salud, etc. Una sentencia en que resulten quebrantadas las reglas de orden público sobre la naturaleza y cuantificación de la pena aplicable por la infracción cometida, sirve como ejemplo para evidenciar la existencia de un tipo de reglas de orden público cuya violación en el proceso es siempre susceptible de revisión mediante la acción excepcional de amparo, con objeto de restablecer la situación jurídica infringida.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado Guillermo Maurera, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Invercentro C.A., contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 22 de julio de 1999. 2.- Se CONFIRMA el fallo objeto de la presente apelación, salvo en el punto referente al análisis de la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 3.- Remítase copia de la presente decisión al Colegio de Abogados del Distrito Federal, a los fines de investigar los aspectos disciplinarios correspondientes a los abogados Guillermo Maurera y Fernando Fernández, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 49.610 y 41.566, en su carácter de representantes de la empresa Invercentro C.A. 4.- Remítase copia de la presente decisión a la Inspectoría de Tribunales y a la Comisión Restructuradora del Sistema Judicial a los fines de iniciar el correspondiente procedimiento disciplinario respecto a los abogados Maura Meza Bressanutti Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y al abogado Luis Antonio Nahin Pacha Juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. 5.- Remítase copia del presente fallo al Fiscal General de la República a los fines de que éste imparta las instrucciones pertinentes, en cuanto a la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.