Sentencia N° 413 Constitucional TSJ 2001: Rubén Darío Pietro Marchán — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó una acción de amparo constitucional interpuesta por Rubén Darío Pietro Marchán, quien impugnó la decisión del Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que declaró inadmisible su solicitud de prueba anticipada. La Corte de Apelaciones había declarado con lugar la acción de amparo, pero la Sala Constitucional revocó dicha decisión, argumentando que el accionante tenía vías procesales ordinarias disponibles para restablecer su situación jurídica, lo que hacía improcedente la acción de amparo.

Se interpuso acción de amparo contra el auto dictado por el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, al revocar la decisión de practicar una prueba anticipada, que había sido admitida por el Juez Primero de Control del mismo Circuito Judicial Penal. Se desprende de la lectura del expediente que el auto dictado por el Juzgado Segundo de Control, anteriormente mencionado, tiene el recurso ordinario de apelación tal como lo estipula el Código Orgánico Procesal Penal, en su articulo 439, el cual no fue ejercido por el accionante del amparo. En este caso se hace necesario reiterar sentencia de esta Sala, de fecha 28 de julio del 2000, (Caso: Luis Alberto Baca), en la que se asentó; entre otras cosas: “... Observa la Sala, que en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello. Hace esta consideración la Sala, ya que detecta en el foro una tendencia a ocurrir al amparo ante cualquier acto u omisión procesal que una parte considera que lo perjudica, o ante cualquier fallo que subjetivamente una parte opina que la lesiona, siempre que a la actividad judicial se le atribuyan infracciones de índole constitucional. Sin embargo, si esas transgresiones existieran, y se apelase, sus efectos podrían muy bien ser enervados en un tiempo que impediría una lesión irreparable a la situación jurídica. Sin mucha claridad, fallos de diversos tribunales, incluyendo los de varias Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, han negado el amparo al accionante, aduciendo que el mismo ha debido acudir a las vías procesales ordinarias, aunque sin explicar la verdadera causa para ello, cual es que por estas vías se podía restablecer la situación jurídica infringida antes que la lesión causare un daño irreparable, descartando así la amenaza de violación lesiva...”. Congruente con lo antes expuesto, concluye la Sala que el accionante en el juicio que dio origen al amparo, tenía abierta la vía de apelación, con un procedimiento idóneo, en el que pudo accionar su derecho presuntamente vulnerado, por lo que la acción de amparo no es procedente cuando se la intenta como un sucedáneo de recursos ordinarios a disposición del accionante.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia consultada, dictada en fecha 7 de noviembre del 2000 por la Corte de Apelaciones, Sala nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano RUBÉN DARÍO PIETRO MARCHÁN, contra la decisión del Juzgado Segundo de Control del mismo Circuito Judicial Penal, extensión Cabimas, en fecha 3 de octubre del 2000, la cual se declara SIN LUGAR. En consecuencia, se ordena remitir el expediente a la referida Corte de Apelaciones, Sala nº 3 a los fines legales consiguientes.