Sentencia N° 409 Constitucional TSJ 2000: Edgar Aranzazu, Américo Arévalo Salinas… vs Sala de Casación Civil de la entonces Corte…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad de una acción de amparo constitucional interpuesta contra una sentencia de la Sala de Casación Civil. La acción fue declarada inadmisible debido a que la Ley Orgánica de Amparo establece que no se admitirá la acción de amparo contra decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La Sala destacó que la acción fue ejercida contra una decisión emitida por el Máximo Tribunal, lo que impide hablar de un 'Tribunal Superior' que haya emitido el pronunciamiento. La decisión se fundamenta en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial n° 36.860 del 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona. Destaca entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, el cual precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los mismos, aun de los que sean inherentes a la persona aunque no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo el cual '…será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad…'; tiene al respecto la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Ha precisado este Máximo Tribunal, en lo que se refiere a la determinación de las competencias de los tribunales de la República, que el constituyente dejó dicha función al legislador y que corresponde a este último distribuir entre los distintos órganos, conforme a los criterios que juzgue idóneos, las potestades del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos EDGAR ARANZAZU, AMERICO ARÉVALO SALINAS, JESÚS A. GONZÁLEZ PALACIO, JULIO GONZÁLEZ VELANDRIA, OMAR LÓPEZ, RAMÓN JOSÉ LÓPEZ, ALÍ ROBERTO OROPEZA, AGRISELDA PERUCHINI, NESTOR PÉREZ HURTADO, PEDRO HERNÁN SANTAELLA, EDGAR VILLAFRANCA, LUIS GUÁNCHEZ, OSCAR CARRERA, LUIS A. PINEYRO, NICOLAS CACIQUE, JUAN CASTRO, JOSÉ TORRES, OMAR PÉREZ, GUILLERMO NAVA ALONSO, ROSA RINCÓN DE CASADIEGO, GUILLERMO DOMINGO GONZÁLEZ, ALICIA CASTILLO DE RIVERA, JUVENAL JOSÉ COSCORROSA, VIOLETA VILLALOBOS DE CHÁVEZ, LUIS FERRER, JOSÉ ANTONIO FUENMAYOR, PEDRO ALCIBIADES GUTIÉRREZ, JARVIS BRIÑEZ VILLASMIL, GUILLERMO VELAZCO VERRIDO, RAMÓN EDUARDO AÑEZ, NERIO RUBIO, LIDUVINO NAVAS, FELIPE ENRIQUE CHIRINO, EDIXO BARRIOS, AMINTA SULBARÁN DE MADUEÑO, JOVITO AUGUSTO ESIS, CELIO DE JESÚS GONZÁLEZ FINOL, MORIS GUILLERMO VALBUENA, NELSON SOTO y GENEROSO SOTO RINCÓN, contra la sentencia de la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, de fecha 03 de noviembre de 1999, en la cual declaró inadmisible el recurso de casación. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.