Sentencia N° 408 — Sala Constitucional del TSJ, 27 de febrero de 2003

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción de amparo constitucional interpuesta contra la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Se determinó que la acción fue interpuesta conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo que habilitó a la Sala para conocer del caso en única instancia. Sin embargo, se constató que la parte actora había incurrido en abandono del trámite por inacción prolongada, lo que llevó a la Sala a declarar la extinción del procedimiento y a imponer una multa por el entorpecimiento de sus labores.

La jurisprudencia nacional ha interpretado la norma contenida en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, indicando que el objeto de la acción de amparo constitucional ejercida de acuerdo a la norma anterior, es el acto de aplicación de la norma que colide con la Constitución, la cual a pesar de ser la causa directa de la violación de los derechos o garantías constitucionales, no es el acto mismo por el cual se ocasiona la violación directa a los derechos fundamentales. Igualmente se ha señalado que estos actos de aplicación o ejecución del acto normativo presuntamente agraviante, son los susceptibles de ser impugnados por la vía del amparo, y no así el acto normativo en sí, cuya constitucionalidad puede ser revisada por medio de la acción de inconstitucionalidad.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en la acción de amparo constitucional incoado por el ciudadano ALBERTO ADRIANI ITURBE, asistido por el abogado Daniel Buvat De La Rosa, contra “...la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del Estatuto de la Función Pública, aprobada por la Asamblea Nacional...”. Se IMPONE a la parte actora una multa por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de Venezuela.