Sentencia N° 402 — Sala Constitucional del TSJ, 24 de febrero de 2006

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta en un proceso de amparo constitucional. Se determinó que el Juzgado Superior Sexto había decretado una medida cautelar en favor de los demandantes, quienes alegaban la violación de sus derechos constitucionales en un juicio por cobro de bolívares. La Sala revocó el auto del Juzgado Superior que admitió la apelación, declarando improponible la misma, y ordenó que se cumpla con lo establecido en la decisión anterior.

En primer lugar, debe esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para resolver la apelación objeto de autos, y a tal efecto se observa que la misma fue ejercida contra una sentencia en un proceso de amparo que se llevaba a cabo en el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Ello así, de conformidad con lo establecido en la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones se rige por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala (Vid. Caso: Emery Mata Millán del 20 de enero de 2000 y Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo del 8 de diciembre de 2000), corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento del presente recurso de apelación. Así se declara. Una vez declarada la competencia, procede esta Sala a decidir el caso bajo examen, y en tal sentido observa que el acto contra el cual se ejerció el recurso de apelación es una sentencia interlocutoria, dictada dentro de un proceso de amparo, mediante la cual el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, decretó medida cautelar solicitada por los accionantes referente a la suspensión provisional de la ejecución del convenimiento homologado el 17 de mayo de 2001, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la referida Circunscripción Judicial, en el juicio que por cobro de bolívares intentó Escritorio Calcaño Vetancourt contra Contaca, C.A. y los ciudadanos Jorge Ruíz Del Vizo Blanco y Gladys Iglesia de Ruíz Del Vizo.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara IMPROPONIBLE la apelación ejercida en contra de la decisión dictada el 13 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que acordó medida cautelar en el proceso de amparo intentado por los abogados Carlos Eduardo García Núñez y Francisco José Yépes Gil, apoderados judiciales de los ciudadanos CARIDAD GLADYS IGLESIAS DE RUÍZ DEL VIZO, JORGE RUÍZ DEL VIZO IGLESIAS, VIVIAN RUÍZ DEL VIZO DE HINDS, ROLANDO RUÍZ DEL VIZO IGLESIAS e IVETTE MARÍA RUÍZ DEL VIZO IGLESIAS, únicos y universales herederos del ciudadano Jorge Ruíz Del Vizo Blanco, contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la referida circunscripción judicial. En consecuencia, se revoca el auto dictado por el prenombrado Juzgado Superior, el 21 de septiembre de 2004, sólo respecto a la apelación objeto de autos.