Sentencia N° 4 Constitucional TSJ 2000: Eduardo Garcia — Recurso de nulidad por inconstitucionalidad

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por Eduardo Garcia contra los nombramientos realizados por la Asamblea Nacional Constituyente. Se argumenta que los actos impugnados son de naturaleza organizativa y se fundamentan en los propósitos de reorganización del Estado, conferidos a la Asamblea Nacional Constituyente. La Sala establece que la demanda es improcedente al no fundamentarse en los parámetros y principios consagrados en las bases del referendo consultivo nacional.

El escrito que da lugar al presente fallo, fue interpuesto el día 29 de diciembre de 1999, es decir, dentro del período de seis (6) meses para el cual fue electa la Asamblea Nacional Constituyente. En tal sentido, cabe destacar que dentro de las facultades conferidas por el pueblo, en ejercicio de la soberanía, a la Asamblea Nacional Constituyente, a través de las Bases Comiciales y la Pregunta Nº 1 del Referendo del 25 de abril de 1999, se encuentra, no sólo el redactar una nueva Constitución, sino además, 'transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa'. En el caso de autos, el acto impugnado lo constituye un acto de naturaleza organizativa, por el cual se produjo la designación de altos funcionarios del Poder Público Nacional, el cual se fundamenta en los propósitos de reorganización del Estado, conferidos a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, como quiera que los nombramientos a que se ha hecho referencia fueron realizados durante la vigencia de la Constitución de 1961, debe determinarse si los mismos se encuentran o no excluidos de control jurisdiccional. Al respecto, se observa que en el fallo dictado por la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, el 14 de octubre de 1999, por el cual se declaró la improcedencia de la impugnación de un Decreto emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, por razones de inconstitucionalidad, se precisó lo siguiente: 'Como puede apreciarse, la pregunta Nº 1 del Referendo Consultivo Nacional, aprobado el 25 de abril de 1999, y la Base Comicial Octava del mismo Referendo, consagran la supraconstitucionalidad de sus prescripciones, ya que en ningún momento remite a la Constitución de 1961, sino a la tradición de cultura (valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto a los compromisos asumidos)... omissis ... Sí el cambio constitucional es un proceso, que se inicia con dicho Referendo, y si este proceso implica forzosamente la coexistencia de poderes (del Poder Constituido y la Asamblea Nacional Constituyente), los Estatutos de funcionamiento de ésta, basados, como se ha dicho, en normas presupuestas o supraconstitucionales, deben definir el modo de esta coexistencia, siendo la Constitución de 1961, el límite del Poder Constituido, pero no el criterio de solución de las controversias que pueda ocurrir entre ambos poderes. De allí la improcedencia de la pretensión del accionante de nulidad quien alega la inconstitucionalidad de los Decretos de fecha 25 y 30, ambos de agosto de 1999, por violar artículos consagrados en la Constitución de 1961. En este estado de coexistencia, sin embargo, si no se quiere romper el orden democrático es necesario reconocer -como se dijo antes- a la Corte Suprema de Justicia, competencia para dirimir las controversias entre el Poder Constituido y la Asamblea Nacional Constituyente ... '

1.- IMPROCEDENTE el recurso de nulidad por inconstitucionalidad, ejercido por el ciudadano EDUARDO GARCIA, contra los nombramientos del Fiscal General de la República, Contralor General de la República, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Defensora del Pueblo, Directivos del Consejo Nacional Electoral y miembros de la Asamblea Nacional, emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. 2.- Habiendo sido declarada la inadmisibilidad de la acción principal no existe en este caso proceso dentro del cual se pueda dictar una medida cautelar. Publíquese, regístrese y archívese el expediente.