Sentencia N° 395 Constitucional TSJ 2000: Luis Alberto Quintero Rodríguez vs Juzgado Cuarto de Primera Instancia EN LO…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Luis Alberto Quintero Rodríguez en representación de José Antonio Bautista, alegando violación al derecho a la defensa por falta de notificación de una sentencia. La Sala determinó su competencia para conocer del caso y analizó si existió una violación de derechos en la notificación de la sentencia de primera instancia. La decisión del Juzgado Superior fue declarada como procedente, argumentando que no existía obligación de notificar a las partes una vez que estaban a derecho en el proceso penal.

Como bien lo expresó en su decisión el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Territorio Federal Vargas, el Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para ese momento, en su artículo 223 expresa que: “Tanto el representante del Ministerio Público como las demás partes del juicio deben estar a derecho; y sólo se notificarán al procesado directamente los asuntos y sentencias que por disposición especial se determinen.”, es decir, que una vez que se está a derecho en un proceso penal, no existe obligación alguna por parte del tribunal de notificar a las partes de alguna decisión, salvo que se trate del indiciado, siempre y cuando esté detenido, en cuyo caso se establece expresamente en el mencionado Código la obligación de notificarlo de la decisión. Esta Sala considera importante recordar al accionante que, el artículo 20 del Código de Enjuiciamiento Criminal establece que las disposiciones en él contenidas fijan las reglas que deben seguirse en materia de enjuiciamiento penal, y sólo cuando existan vacíos o casos dudosos, podrán servir de pauta las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean aplicables y siempre que no se opongan a las establecidas en el Código de Enjuiciamiento Criminal. En consecuencia, en el presente caso no es aplicable, como trata de hacer ver el accionante, el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, sino el artículo 223 anteriormente transcrito, del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el apoderado judicial del ciudadano JOSÉ ANTONIO BAUTISTA, contra la decisión emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Territorio Federal Vargas, de fecha 14 de diciembre de 1999. Publíquese y regístrese.