Sentencia N° 39 Constitucional TSJ 2001: José Guillermo Marín Casanova vs Juez Héctor Ricardo Serrano Anselmi

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por José Guillermo Marín Casanova, quien alegó la violación de sus derechos constitucionales tras la decisión del Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, que declaró no tener materia para decidir sobre su solicitud de amparo. La Sala analizó la competencia y los fundamentos de la acción de amparo, concluyendo que la decisión del juzgado fue legítima y no constituyó abuso de poder ni usurpación de funciones.

La acción de amparo contra actos jurisdiccionales ha sido concebida, en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de impugnación revestido de particulares características que lo diferencian de las acciones de amparo con otros fundamentos, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia. En ella se han establecido presupuestos de procedencia cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, pues resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar. En este sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone a la letra lo siguiente: “Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.” Del análisis del artículo supra transcrito, buscando salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, la jurisprudencia patria ha señalado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias, a saber: a) que el juez, de quien emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); b) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional (acto inconstitucional), lo que implica que no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal y; c) que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes, o que los mismos resulten no idóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado de violación.

Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, actuando en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano José Guillermo Marín Casanova, titular de la cédula de identidad Nº 3.793.405, asistido por el abogado Miguel Paz Ramírez y CONFIRMA la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2000, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Queda en los términos expuestos, resuelta la apelación interpuesta y confirmada la decisión dictada por la referida Corte de Apelaciones. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.