Sentencia N° 389 Constitucional TSJ 2001: Belkys Gutiérrez Castro vs Domingo Manuel Centeno Reyes — Amparo constitucional contra…

La ciudadana Belkys Gutiérrez Castro interpuso un amparo constitucional contra una decisión del Juzgado Superior Primero de Familia que declaró la terminación de un juicio por incumplimiento de pensión alimentaria. La Sala Constitucional admitió el amparo, argumentando que la juez no aplicó correctamente las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, vulnerando el derecho a la defensa de la accionante. La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó al tribunal agraviante sustanciar y decidir la apelación interpuesta por la agraviada.

En el caso de autos la accionante interpuso amparo constitucional en contra de la decisión judicial proferida el 10 de mayo de 2000, por el Juzgado Superior Primero de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, mediante la cual dio por terminado el juicio que por incumplimiento de Pensión de Alimentos le sigue al padre de sus hijos y ordenó el archivo del expediente. Los argumentos utilizados por la Juez para tomar tal determinación fueron: i) que las actuaciones sometidas a su conocimiento estaban referidas a un procedimiento derogado por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y ii) la prohibición de retroactividad de las leyes prevista en el artículo 24 de la Constitución de la República. Ahora bien, observa la Sala que lo acontecido en el caso bajo examen fue un problema de aplicación de normas jurídicas procesales en el tiempo, frente al cual la juez de la recurrida debió observar lo que al respecto prevé la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en el Título VI, relativo a las Disposiciones Transitorias y Finales, cuando en el artículo 680 se reguló lo atinente a los procesos en curso, el cual es del siguiente tenor: Artículo 680. Procesos en Curso. De conformidad con el artículo 44 de la Constitución de la República las disposiciones procesales previstas en esta Ley se aplicarán desde el mismo momento de entrar en vigencia, aún a los procesos que se hallaren en curso. Los recursos ya interpuestos, la evacuación de las pruebas ya admitidas, así como los términos o lapsos que hayan comenzado a correr, se regirán por las disposiciones anteriores. En efecto, al folio 20 del expediente riela auto del 29 de marzo de 2000 dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el que se oyó en un solo efecto la apelación interpuesta por la actora, en contra de la sentencia proferida por dicho Juzgado el 23 de febrero de 2000. De tal forma que dicha apelación se encontraba pendiente antes de que entrara en vigencia la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente el 1 de abril de 2000, en razón de lo cual, debió la agraviante aplicar las disposiciones de la Ley Tutelar de Menores para conocer y decidir dicho recurso y no dar por terminado el proceso y ordenar el archivo del expediente, ya que con tal proceder cercenó el derecho a la defensa de la accionante, a quien, a pesar de haber recurrido del fallo, no se le tramitó y decidió el recurso, siendo vulnerado por tal motivo el principio de la doble instancia previsto en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República y 8, numeral 2, literal h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, y, por ende, el debido proceso.

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el amparo constitucional interpuesto por la ciudadana BELKYS GUTIÉRREZ CASTRO, asistida por el abogado José Gutiérrez Pacheco, contra la decisión dictada, el 10 de mayo de 2000, por el Juzgado Superior Primero de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. En consecuencia, se declara la nulidad de la referida decisión y se ordena al tribunal agraviante sustanciar y decidir la apelación interpuesta por la agraviada el 22 de marzo del 2000, en contra de la sentencia dictada el 23 de febrero de 2000 por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, excepto en lo que respecta al aspecto sancionatorio previsto en el proceso por incumplimiento a la obligación alimentaria contenido en la derogada Ley Tutelar de Menores.