Sentencia N° 388 — Sala Constitucional del TSJ, 18 de mayo de 2016

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por María Elena Ruiz de Azúa de Rodríguez contra José Manuel Batista Montiel, por presuntas agresiones y ocupación ilegal de tierras. La Sala consideró que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo que llevó a la inadmisibilidad de la acción. Se ordenó a la parte actora corregir las deficiencias en su solicitud en un plazo determinado.

La Sala Constitucional considera que resulta imposible apreciar exactamente qué pretende la parte accionante, dado que describe supuestas violaciones que ha denunciado en diversas instancias, entre las que destacan las presuntamente imputables al ciudadano José Manuel Batista Montiel, sin indicación expresa de los derechos o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación; asimismo, narra un conjunto de hechos que pudiesen configurar una acción derivada de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria en la parcela de terreno objeto del asunto. Por otra parte, invoca argumentos contra las presuntas actuaciones u omisiones del Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Barlovento y, explana también alegatos que podrían suponer una apelación contra una declaratoria de inadmisibilidad de una acción de amparo interpuesta por ante el referido Juzgado.

Visto lo anterior, esta Sala Constitucional considera que resulta imposible apreciar exactamente qué pretende la parte accionante, dado que describe supuestas violaciones que ha denunciado en diversas instancias, entre las que destacan las presuntamente imputables al ciudadano José Manuel Batista Montiel, sin indicación expresa de los derechos o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación; asimismo, narra un conjunto de hechos que pudiesen configurar una acción derivada de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria en la parcela de terreno objeto del asunto. Por otra parte, invoca argumentos contra las presuntas actuaciones u omisiones del Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Barlovento y, explana también alegatos que podrían suponer una apelación contra una declaratoria de inadmisibilidad de una acción de amparo interpuesta por ante el referido Juzgado.