Sentencia N° 388 Constitucional TSJ 2001: Compañía Anónima Nacional Teléfonos de… vs Consejo Municipal del Municipio San…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de nulidad interpuesta por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela contra una ordenanza municipal que establecía un impuesto sobre la actividad de telecomunicaciones. En su decisión, la Sala confirmó el amparo cautelar otorgado en noviembre de 2000, argumentando que la norma impugnada violaba derechos constitucionales relacionados con la libertad económica y la propiedad. La oposición presentada por el Municipio San Cristóbal fue declarada sin lugar, manteniendo la medida cautelar.

La Sala observa que los representantes de la parte accionante señalaron que a juicio de su representada debe mantenerse los efectos de la decisión de fecha 29 de noviembre de 2000, por cuanto de abrirse paso a la aplicación de la norma contenida en el artículo 40 específicamente el Código III.I.1.21 del Clasificador de las Actividades Económicas de la “Ordenanza sobre Patente de Impuesto de Industria, Comercio, Servicio e Índole Similar” dictada por el Concejo Municipal del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, relativo a la explotación de la actividad de las 'Empresas de Teléfonos y Telefonía' a las cuales le fijó una alícuota impositiva del 2.00 % anual y un mínimo tributable de 35 unidades tributarias, publicada en la Gaceta Municipal Nº 049 de dicho Municipio en fecha 29 de diciembre de 1995, se materializaría la transgresión a los derechos a la libertad económica, a la propiedad y al respeto a la capacidad contributiva de su representada, ya que, -afirmaron- dicha norma establece que la actividad económica de las empresas de teléfonos y telefonía, serán gravadas con una alícuota impositiva del 2,00 % anual y un mínimo tributable de 35 unidades tributarias. Que tal dispositivo constituye, sin duda, una transgresión de los límites constitucionales al ejercicio de la potestad tributaria municipal que se traduce en la violación de los derechos constitucionales antes referidos, por lo que consideraron que de no mantenerse la suspensión de la aplicación de la norma impugnada hasta el pronunciamiento definitivo de la Sala, ello podría implicar un grave perjuicio para su representada, en razón de la dificultad que tendrían para obtener eventualmente el reintegro de las cantidades pagadas posteriormente si se estimase que dicha norma es inconstitucional.

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara SIN LUGAR la oposición hecha por el apoderado judicial del Consejo Municipal del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira y en consecuencia, CONFIRMA la medida de amparo cautelar otorgada por esta Sala en decisión de fecha 29 de noviembre de 2000. Publíquese, regístrese. Cúmplase lo ordenado.