Sentencia N° 387 — Sala Constitucional del TSJ, 7 de marzo de 2002

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo interpuesta por C.V.G. Venalum contra una sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, que había declarado sin lugar una apelación relacionada con costas procesales. La Sala observó que existieron violaciones al derecho a la defensa de la parte actora, ya que se condenó al pago de costas sin la debida intimación. La decisión de la Sala fue anular la sentencia recurrida y la dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, en lo relativo al 20% de la condenatoria en costas.

La presente acción de amparo es ejercida contra sentencia dictada el 7 de julio de 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, denunciando la accionante infringido en su situación jurídica su derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49, numeral 7 de la vigente Constitución. Señala la accionante que la sentenciada accionada infringe el principio de la cosa juzgada en razón de que, en su criterio, al establecer que la base de cálculo a los efectos de establecer las costas procesales es el monto condenado indexado, modifica el contenido de la sentencia firme dictada el 9 de marzo de 1997 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, puesto que, a su decir, dicha sentencia “nada dice con respecto al monto base para el cálculo del veinte por ciento (20%) de costas procesales...”, lo que “tiene como efecto que el juez ejecutor de la sentencia firme deba aplicar la normativa legal existente a los fines de la determinación...” de la base de cálculo, “es decir el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 3, 30 y 31 eiusdem...” que, a su criterio, limitan el monto de las costas a un máximo de treinta por ciento (30%) del valor de la demanda, que es el que procede a los fines de fijar la jurisdicción y competencia y que, en el presente caso, es de dos millones ciento sesenta y ocho mil noventa y siete bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2.168.097,60), por lo que, la sentencia accionada, al fijar la base de cálculo para establecer el monto de las costas procesales en el monto condenado indexado, excede los límites establecidos por el citado artículo 286 y modifica la cosa juzgada.

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Francisco R. Verde Marval, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A., (C.V.G Venalum), contra la sentencia dictada el 7 de julio de 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y la sentencia del 9 de mayo de 1997, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. En consecuencia, se Anula la decisión accionada, al igual que la dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar el 9 de mayo de 1997, sólo en lo relativo al 20% de la condenatoria en costas.