Sentencia N° 387 Constitucional TSJ 2000: Defensoría del Pueblo vs CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la OFICINA…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió una acción de amparo constitucional interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el Consejo Nacional Electoral y la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, por la presunta violación de derechos fundamentales de ciudadanos pertenecientes al pueblo Yanomami. Se argumentó que la falta de entrega de cédulas de identidad impidió su inscripción en el registro electoral para participar en las elecciones.

La solicitud de amparo constitucional bajo análisis se dirige contra presuntas actuaciones y omisiones del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y de la OFICINA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y EXTRANJERÍA DEL MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES Y DE JUSTICIA, siendo el primero un órgano de rango constitucional, conforme lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto fue reimpreso en la Gaceta Oficial nº 5.453 Extraordinario del 24 de marzo de 2000, por lo que las impugnaciones que se hagan de sus actos, actuaciones u omisiones, deben conducirse a través de un iter procesal distinto en algunos aspectos a los emitidos por otros órganos de menor entidad o de distinto nivel dentro de la estructura orgánica del Estado venezolano. En materia de amparo constitucional, y en particular, respecto al tribunal competente para conocer de las acciones de esta especie incoadas contra autoridades responsables de llevar adelante las funciones políticas de mayor relevancia, destaca la Sala la norma contenida en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual establece a la letra lo siguiente: “Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia conocerá, en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República.” De dicho dispositivo se lee que corresponde al Máximo Tribunal de la República (para ese momento la Corte Suprema de Justicia) dar cauce a los pedimentos de amparo formulados contra los actos, actuaciones o hechos de dichos organismos en la Sala afín con el derecho o garantía constitucional conculcado, entre los cuales se mencionada de manera expresa el Consejo Supremo Electoral, cuyas funciones en la nueva estructura organizativa del Estado han sido asumidas por el Consejo Nacional Electoral.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por la Defensoría del Pueblo, contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la OFICINA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y EXTRANJERÍA DEL MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES Y DE JUSTICIA, por las presuntas violaciones a los derechos fundamentales de un numeroso grupo de ciudadanos pertenecientes al pueblo Yanomami de las comunidades de Ocamo, Mavaca y Platanal del Alto Orinoco del Estado Amazonas; en consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: 1º) Notificar al Presidente del Consejo Nacional Electoral y a quien detente la jefatura de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería del Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia para que concurran a enterarse del día y hora de la audiencia constitucional que fije la Secretaría de esta Sala, y a fin de que en su oportunidad expresen los argumentos que estimen convenientes; a los oficios en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. 2º) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem. 3º) Fijar la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga de la presente decisión. 4º) Solicitar a la Defensoría del Pueblo que en dicha oportunidad presente una lista legible con los nombres de las personas cuyos derechos y garantías constitucionales han sido presuntamente violados. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.