Sentencia N° 385 Constitucional TSJ 2001: POLO ISIDRO MONTES y CARMEN TERESA LOPEZ vs Gerente del ACUEDUCTO METROPOLITANO…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia, declaró sin lugar la demanda de amparo constitucional interpuesta por los abogados Polo Isidro Montes y Carmen Teresa López contra la Gerente del Acueducto Metropolitano (Hidrocapital). La decisión se fundamentó en que la suspensión del servicio de agua se debió a la falta de pago por parte de los demandantes, lo que no constituye una violación a derechos o garantías constitucionales. La Sala confirmó la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que había declarado improcedente el amparo.

La prestación del servicio público de distribución y suministro de agua potable se encuentra relacionada íntimamente con los derechos fundamentales de todos a la salud y a disfrutar de un medio ambiente sano, reconocidos en los artículos 83 y 127 de la Constitución de la República. De acuerdo con la configuración constitucional de estos derechos fundamentales, por una parte el Estado debe garantizar a la salud 'como parte del derecho a la vida', debiendo por tanto promover y desarrollar 'políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios', así como a proteger, en general, 'el ambiente'. Por otra parte, los ciudadanos tienen 'derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.' Consecuencia lógica de los valores y principios mencionados es que las empresas (públicas, privadas, mixtas o comunitarias) prestatarias del servicio público de distribución y suministro de agua potable deben, por lo menos, –en cuanto concierne al caso concreto-, garantizar a los beneficiarios del mismo un debido procedimiento de acceso al servicio y de queja por la falta de éste, inspirado dicho procedimiento en los principios de funcionamiento de la Administración Pública recogidos en el artículo 141 de la Constitución de la República, a saber, honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, y deben, además, a los beneficiarios de esos servicios, una respuesta expresa, oportuna y motivada por sus quejas, a tenor de lo previsto en el artículo 51 de la misma Constitución (véase en este mismo sentido, sentencia dictada el 18 de noviembre de 1999 por la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia, caso: Corporación Industrial del Vidrio contra Elecentro). Así se declara. Aplicando las anteriores consideraciones al caso concreto, se observa que Hidrocapital notificó a los solicitantes la obligación que tenían de pagar el servicio de agua prestado, sin que aquéllos plantearen contestación o reclamo ninguno por ello y, solamente después de lo antes mencionado, intentó, infructuosamente, proceder a desconectar dicho servicio. Vale decir que los quejosos no discutieron en primer término el monto pretendidamente cobrado por la empresa prestataria del servicio público, de manera que ésta iniciare de oficio un procedimiento administrativo dirigido a la comprobación de la exactitud de lo cobrado. Ahora bien, una vez que Hidrocapital inició los trabajos dirigidos a la reinstalación del medidor, los actores presentaron un reclamo por el monto de la facturación del servicio, a consecuencia de lo cual esta empresa inició debidamente un procedimiento destinado a comprobar la veracidad y exactitud de lo facturado y mantuvo (en lugar de desconectarlo) la prestación del servicio a dichos actores quienes eludieron en definitiva suscribir un convenio de pago de lo debido, redactado por esa empresa y no pagaron el servicio, en lugar de llevar el asunto, si fuera el caso, ante los tribunales de justicia competentes para conocer del cumplimiento del contrato de servicio. Como consecuencia de ello, Hidrocapital les desconectó el servicio hasta tanto pagasen su deuda acumulada desde 1993. De acuerdo con las circunstancias observadas se concluye que Hidrocapital cumplió con un procedimiento debido y previo a la desconexión del agua potable, sin que pueda serle imputable prima facie una vía de hecho o un abuso de derecho que haya menoscabado a los actores, en definitiva, su derecho fundamental a la salud, a un ambiente sano o a la protección de la familia. Así se decide.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda de amparo constitucional propuesta por los abogados POLO ISIDRO MONTES y CARMEN TERESA LOPEZ contra la Gerente del ACUEDUCTO METROPOLITANO (HIDROCAPITAL). En consecuencia, CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 10 de marzo de 2000 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y declara sin lugar la apelación. Publíquese y regístrese. Envíese el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.