Sentencia N° 378 Constitucional TSJ 2000: EDUARDO R. ALVAREZ y ANGELA MARÍA PARRA — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo R. Alvarez y Angela María Parra, quienes alegaron violaciones a sus derechos en un proceso agrario. La Sala declaró inadmisible la acción, argumentando que los accionantes no presentaron los anexos necesarios para fundamentar su recurso y que no se demostraron elementos que evidenciaran la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia Agraria. En consecuencia, se confirmó la decisión del Juzgado Superior Tercero Agrario que había declarado inadmisible la acción de amparo.

Observa la Sala que, en el escrito de amparo sometido al Juzgado Superior 3° Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, los accionantes señalan que acompañarán, como anexos a dicho escrito, la “Sentencia del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Agrario de la Región Agraria del Estado Lara, de fecha 15 de marzo de 1999”, así como el “ACTO DE REMATE, emanado por el referido Tribunal Infractor (sic), de fecha 19 de marzo de 1999” y “Copias certificadas del expediente N° 2627, relativo al juicio de ejecución de hipoteca”. Sin embargo, según se desprende de la nota de recibo del Juzgado Superior, los anexos en referencia no fueron consignados con el escrito de amparo. Tampoco constan en el expediente. Por otra parte, los accionantes no hicieron valer razón alguna para fundamentar el recurso de apelación. En las circunstancias expuestas, la Sala se limitará a examinar la recurrida a la luz de la razón de derecho que sirvió de fundamento a la acción ejercida. La citada razón de derecho fue expuesta en los términos siguientes: “ … Ciudadano Juez Constitucional, hemos señalado que la violación surge a partir del conocimiento de la causa por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Región Agraria del Estado Lara el cual NO ES COMPETENTE según LA MATERIA para conocer y consecuencialmente dictar sentencia (sic) y menos aun para proceder al acto de remate, toda vez que el inmueble objeto del juicio antes especificado, por ejecución de hipoteca, está ubicado en una ZONA TOTALMENTE Y URBANA, (sic) lo cual no tiene en absoluto relación al campo AGRARIO por lo que mal puede un Juez con competencia en la materia agraria conocer, sustanciar y decidir caso alguno con competencia distinta a la cual tiene atribuida (sic).

Por las razones que anteceden, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada, en fecha 10 de septiembre de 1999, por el Juzgado Superior Tercero Agrario, mediante la cual fue declarada inadmisible la acción de amparo ejercida por los ciudadanos EDUARDO R. ALVAREZ Y ANGELA MARÍA PARRA contra la sentencia y acto de remate emanados del Juzgado 1° de Primera Instancia Agraria de la Región Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente.