Sentencia N° 376 Constitucional TSJ 2000: Luis Honorio Sigala vs Gobernación del Estado Lara — Acción de amparo constitucional…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Honorio Sigala contra la Gobernación del Estado Lara, debido a la falta de pronunciamiento de la Dirección de Política de dicha Gobernación. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado inadmisible el amparo, pero posteriormente revocó su decisión y admitió la acción. El Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo declaró con lugar el amparo, señalando que la administración debe dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.

La Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial n° 36.860 del 30 de diciembre de 2000, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona. Destaca entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, el cual precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los mismos, aun de los que sean inherentes a la persona aunque no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo el cual “...será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad...”; tiene al respecto la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Ha precisado este Máximo Tribunal, en lo que se refiere a la determinación de las competencias de los tribunales de la República, que el constituyente dejó dicha función al legislador y que corresponde a este último distribuir entre los distintos órganos, conforme a los criterios que juzgue idóneos, las potestades del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por voluntad de la Ley, declara que el tribunal competente para conocer de la consulta obligatoria a que hace referencia el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, respecto de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 12 de marzo de 1997, es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se ordena la remisión de los autos a este último tribunal a los fines legales consiguientes.