Sentencia N° 375 Constitucional TSJ 2000: Lil Vargas vs Corte de Apelaciones del Circuito Judicial… — La admisibilidad de la…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admite la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Lil Vargas en favor de los ciudadanos Jesús Ramón Salazar y Carlos Javier Rodríguez, contra una sentencia de la Corte de Apelaciones del Estado Sucre. Se argumenta que la Corte de Apelaciones vulneró el derecho al debido proceso al modificar una decisión en perjuicio de los imputados sin la debida competencia. La Sala reafirma su competencia para conocer de acciones de amparo contra decisiones de las Cortes de Apelaciones en materia penal.

La acción ha sido ejercida contra la decisión dictada por una Corte de Apelaciones que dictó los siguientes pronunciamientos: 1º) Revocó la libertad concedida por el Juez de Control al ciudadano Jesús Ramón Salazar; 2º) Confirmó la privación judicial preventiva de libertad contra el acusado Carlos Javier Rodríguez, por la comisión del delito de privación ilegítima de libertad y; 3º) Decretó la detención contra dicho ciudadano por la comisión de los delitos de homicidio intencional y tortura. Argumenta la Defensora Pública, que tal decisión obvia la prohibición de reformar la decisión impugnada en perjuicio del reo, por cuanto dicha Corte de Apelaciones dictó el fallo accionado, con ocasión de estar conociendo únicamente de la apelación interpuesta por la defensa, con respecto de la medida de privación preventiva de libertad contra el ciudadano Carlos Javier Rodríguez, pues, el recurso de apelación ejercido por la Fiscal del Ministerio Público fue declarado inadmisible en la decisión de la Corte de Apelaciones; en consecuencia, ésta no podía modificar la sentencia apelada perjudicando al imputado Carlos Javier Rodríguez y mucho menos al ciudadano Jesús Salazar, vulnerando con ello, presuntamente, el derecho constitucional al debido proceso de sus representados.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara ADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por la abogada Lil Vargas, en su condición de Defensora Pública Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, a favor de los ciudadanos Jesús Ramón Salazar y Carlos Javier Rodríguez, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, de fecha 29 de febrero de 2000; en consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la mencionada Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: 1º) Notificar mediante oficio al Juez Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, de la acción de amparo ejercida contra la sentencia emanada de ese despacho en la fecha antes aludida, para que concurra a enterarse del día y hora, que fije la referida Secretaría, en que se realizará la audiencia constitucional y a fin de que, en su oportunidad, exprese los argumentos que estime convenientes; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. Se hace saber que la falta de comparecencia del referido Juez, no significará la aceptación de los hechos; 2º) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem; 3º) Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes, una vez verificada la última notificación en el presente expediente. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.