Sentencia N° 3730 — Sala Constitucional del TSJ, 19 de diciembre de 2003

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la demanda de amparo constitucional interpuesta por las ciudadanas Eraclia Maldonado Herrera, Yamilet Barrios Sánchez y Ana Francisca Herrera de Maldonado, en relación a la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible el amparo, argumentando que la parte actora había agotado las vías ordinarias de apelación, lo que llevó a la Sala a confirmar dicha decisión.

Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que dictó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, el 15 de julio de 2003, que declaró inadmisible la demanda de amparo que intentaron las ciudadanas Eraclia Maldonado Herrera, Yamilet Barrios Sánchez y Ana Francisca Herrera de Maldonado, en su condición de parientes, en grado de consanguinidad, de los condenados TULIO HERNESTO MALDONADO HERRERA y ROBERTO MALDONADO HERRERA, con la asistencia del abogado Ángel Rafael Brito Pérez, contra la decisión que pronunció el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Ejecución del Circuito Judicial del Estado Miranda, extensión los Valles del Tuy, el 20 de diciembre de 2002.

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que dictó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, el 15 de julio de 2003, que declaró inadmisible la demanda de amparo que intentaron las ciudadanas Eraclia Maldonado Herrera, Yamilet Barrios Sánchez y Ana Francisca Herrera de Maldonado, en su condición de parientes, en grado de consanguinidad, de los condenados TULIO HERNESTO MALDONADO HERRERA y ROBERTO MALDONADO HERRERA, con la asistencia del abogado Ángel Rafael Brito Pérez, contra la decisión que pronunció el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Ejecución del Circuito Judicial del Estado Miranda, extensión los Valles del Tuy, el 20 de diciembre de 2002.