Sentencia N° 3699 — Sala Constitucional del TSJ, 19 de diciembre de 2003

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un oficio de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo sobre una acción de amparo interpuesta por varios ciudadanos. La Corte había declarado inadmisible la acción debido a que los accionantes no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La Sala Constitucional, tras analizar el caso, confirmó la decisión de inadmisibilidad.

Corresponde a esta Sala pronunciarse previamente acerca de su competencia y, al respecto, observa que la decisión de amparo constitucional sometida a consulta fue dictada, en primera instancia, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 14 de agosto de 2001, razón por la cual, esta Sala, en virtud del criterio sostenido en la sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), resulta competente para conocer de la misma. Así se declara. Decidido lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de dicha consulta, a cuyo fin se observa que, la decisión dictada el 14 de agosto de 2001, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en vista que los accionantes no cumplieron con la carga impuesta en el lapso correspondiente, lo ordenado por dicha Corte.

CONFIRMA la decisión dictada, el 14 de agosto de 2001, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por la apoderada judicial de los ciudadanos ELSA LILIANA HERRERA, RAFAEL LARA, ELIZABETH MONASTERIOS, IDA BEATRIZ PIÑA CAMPOS, ELIZABETH FERNÁNDEZ, JANE VICTORIA CHAVEZ de RAMOS, FRANCIS MELISA MONTIEL, CARY DEL CARMEN PEREIRA PINEDA y ÁNGEL RAFAEL FIGUEREDO LARA, contra la decisión dictada, el 24 de febrero de 2000, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.