Sentencia N° 368 — Sala Constitucional del TSJ, 24 de febrero de 2003

La ciudadana Domitilia Isabel Mujica Campins interpuso un amparo constitucional contra el Decreto n° 304 del 11 de septiembre de 1999, alegando violaciones a sus derechos laborales y de jubilación tras su remoción como Notario Público. La Sala Constitucional, tras analizar la situación, declaró su competencia para conocer el caso y admitió la pretensión de la demandante, considerando que el Decreto impugnado no vulneraba derechos constitucionales. Sin embargo, se ordenó la notificación al Ministro del Interior y Justicia para que expusiera su posición respecto a la extensión de los efectos de la decisión a la situación jurídica de la actora.

La Sala recuerda que el amparo Constitucional no produce cosa juzgada material y que por tanto si los accionantes no obtuvieren un fallo favorable, por falta de pruebas, ello no impide que otros incoen de nuevo la acción y que se les ampare, caso en que el efecto extensivo del fallo beneficiara a los perdidosos. Por todas estas razones, la Sala declara que quienes se encuentran en igual situación que los accionantes, por tener idéntico vínculo jurídico con el agraviante y habérseles violado su situación jurídica, si no les ha caducado la acción de amparo pueden adherirse a este fallo y pedir su cumplimiento en el mismo término señalado para los accionantes.

ORDENA la notificación del Ministro del Interior y Justicia, en los términos a que se refiere la sentencia de esta Sala nº 2675 de 17 de diciembre de 2001, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, “exponga lo que crea conveniente” respecto de la pretensión de la ciudadana DOMITILIA ISABEL MUJICA CAMPINS y la extensión de los efectos de la decisión en cuestión a la situación jurídica de aquélla, en su condición, hasta el acto de remoción, de Notario Público Vigésimo Noveno del Municipio Libertador del Distrito Capital.