Sentencia N° 368 Constitucional TSJ 2000: Cedrys A. Palencia M. vs Ricardo Jose Pulgar Gonzalez — Inadmisibilidad de la acción de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo interpuesta por la Defensora Pública a favor de Ricardo José Pulgar González. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible la solicitud, lo que fue objeto de consulta ante esta Sala. Se argumenta que la Defensora Pública no tenía legitimación para interponer el amparo en nombre del imputado, ya que la acción de amparo es personal y debe ser interpuesta directamente por el agraviado o su apoderado. Además, se establece que la vulneración de derechos denunciada cesó al momento de la interposición de la acción, ya que el imputado fue puesto en libertad.

La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha establecido que las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo son de orden público, razón por la cual el juzgado superior al examinar es realizado por el a quo para declarar la inadmisibilidad o admisibilidad de dicha solicitud, posee un amplio poder para modificar, confirmar o revocar lo apreciado por aquél. Pues bien, del análisis efectuado por esta Sala Constitucional sobre el pronunciamiento proveído por la Corte de Apelaciones, objeto de la revisión por vía de consulta, se considera ineludible indicar, tanto a los fines pedagógicos como doctrinarios, que el razonamiento y la fundamentación dada por dicha Corte para declarar inadmisible la acción de amparo es en extremo errada. Es curioso que dicha Corte de Apelaciones al dictar el fallo, con el objeto de limitar las facultades de los defensores públicos, haya citado el artículo 80, ordinal 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin percatarse de que en ese mismo artículo los ordinales 3º y 6º, les amplían las facultades y obligaciones que tienen de amparar y proteger a sus defendidos, pues les permite realizar cualquier solicitud necesaria para la mejor defensa del imputado, la cual deberán hacerla con el mayor de los esmeros. Resulta absurdo que se desconozca la legitimidad del defensor público -funcionario que por su función ha sido plenamente facultado por el Estado para hacer valer uno de los principios de un sistema de gobierno democrático, cual es la defensa de la colectividad en general-, para interponer una solicitud de amparo a favor de un imputado, utilizando para ello, pero en un sentido contrario al real, las palabras del insigne maestro Dr. Angulo Ariza, quien en su obra “Cátedra de Enjuiciamiento Criminal” expuso al referirse al defensor, que éste es el patrocinante del reo, “pero que no lo representa con la plenitud de facultades o atribuciones que tiene en el proceso civil (pag. 45)”, pues esto lo expresó con ocasión de referirse a que el apoderado penal no podía apelar en nombre de su representado, si éste se encontraba en libertad, lo cual tiene su asidero en el carácter personalísimo de ciertos actos del proceso penal, con lo cual se impide al defensor cumplir actos que perjudiquen los intereses del imputado, como sí podría ocurrir en un juicio civil, cuando se faculta expresamente al apoderado a realizar actos de disposición sobre los derechos de su poderdante tales como desistir, transigir, darse por citado, darse por notificado de la sentencia, etc.

Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por la Defensora Pública de Presos, abogada Cedrys Palencia, a favor del ciudadano RICARDO JOSÉ PULGAR GONZÁLEZ. Queda en los términos expuestos CONFIRMADA, la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, que en fecha 27 de septiembre de 1999, declaró inadmisible la acción de amparo. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.