Sentencia N° 3643 — Sala Constitucional del TSJ, 6 de diciembre de 2005

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió una acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Rosalba García Contreras en representación de Rafael Enrique Gordillo Delgado, contra el retardo y conducta omisiva del Juez Superior Laboral del Estado Bolívar. La acción se fundamentó en la falta de decisión del juez sobre una apelación presentada en un juicio laboral, lo que vulneró derechos constitucionales del accionante. La Sala, tras evaluar la situación, decidió admitir la acción y ordenó la notificación del juez para que se proceda con la audiencia correspondiente.

Una vez establecidas las consideraciones anteriores esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto, observa que: Según la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 5.20, esta Sala es competente para conocer de las acciones autónomas de amparo constitucional contra las sentencias de última instancia dictadas por los Tribunales Contenciosos Administrativos, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal. No señala el artículo 5 citado, la competencia de la Sala para conocer de los amparos cuando la sentencia de última instancia la dicte otro Juzgado Superior distinto a los Contenciosos Administrativos; sin embargo, como quiera que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no ha sido derogada y ella en su artículo 4 consagra el amparo contra sentencia, el cual debe interponerse ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, estima la Sala, que igualmente le compete conocer de dichas acciones de amparo, en virtud de la Sala, el Tribunal Superior. A la precisión anterior, se suma lo establecido en el literal b) de la disposición derogativa, transitoria y final de la señalada Ley del Tribunal Supremo de Justicia, que señala: “...b) Hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción Constitucional, Contencioso Administrativa y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional, Político Administrativa y Electoral, se regirán por los procedimientos previstos en esta Ley y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculadas, expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional. En cuanto a la jurisdicción especial para estas materias, la Sala Plena deberá dictar un Reglamento Especial que regule el funcionamiento y la competencia de los tribunales respectivos, en un plazo de treinta (30) días continuos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley”.(Resaltado de este fallo). Por tanto, juzga la Sala, que la referida omisión del señalado artículo 5, no le impide a la Sala mantener su competencia con base en la interpretación vinculante del artículo 335 Constitucional y en este sentido, esta Sala en sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata), determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, señalando que corresponde a esta Sala la competencia para conocer: “las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales”. Y conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1.- Se ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por la abogada Rosalba García Contreras inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 37.179, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano RAFAEL ENRIQUE GORDILLO DELGADO, titular de la cédula de identidad Nº 8.871.267 contra “(...) EL RETARDO Y CONDUCTA OMISIVA DEL JUEZ SUPERIOR LABORAL DEL ESTADO BOLIVAR, EN LA PERSONA DEL CIUDADANO JUEZ RAMON ANTONIO COORDOVA ASCANIO O DE QUIEN POSEA LA TITULARIDAD, PARA DECIDIR LOS ASUNTOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, con fundamento en los artículos 1, 2, 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (...)”. 2.- Se ORDENA la notificación del juez, del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sede Puerto Ordaz a fin que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella, la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral. Igualmente se ordena remitir copias tanto de la presente decisión, así como del escrito contentivo de la acción adjunto a la notificación antes ordenada. 3.- Se ORDENA al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sede Puerto Ordaz notificar a los ciudadanos Rafael Gordillo, Vicky Lee de Gordillo y Flavia Zarins quienes son la parte actora en el proceso principal, a fin de que concurran a la audiencia constitucional en la oportunidad que sea fijada al efecto. Dicho Juzgado debe dar cuenta de lo antes ordenado de inmediato a esta Sala. Igualmente, notifíquese al Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.