Sentencia N° 3642 — Sala Constitucional del TSJ, 19 de diciembre de 2003

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo interpuesta por Rosa Carolina Torrelles Ferrer, quien alegó la detención de su cónyuge, José Cornelio García Parra, sin condena firme. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible la acción, argumentando que la demandante no tenía legitimación activa para ejercerla, ya que no había sido directamente afectada en sus derechos. La Sala confirmó esta decisión, reiterando que la legitimación activa en amparo corresponde a quienes han sido directamente afectados en sus derechos constitucionales.

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente consulta de ley establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en tal sentido, reiterando los criterios asentados en sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja); 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), al determinar la distribución de competencia en la acción de amparo, a la luz de los principios y preceptos consagrados en la Constitución, esta Sala es competente para conocer de la misma, y así se declara. Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, y tal fin observa que el fallo consultado se ajusta a derecho. En efecto, en sentencia No. 332/2001, la Sala estableció que, en los procesos de amparo es necesario que el accionante afirme la concurrencia de varias circunstancias, a saber: 1.- La existencia de una situación jurídica que le sea propia y en la cual se encuentra. La infracción de derechos y garantías constitucionales que corresponden al accionante. 3.- El autor de la trasgresión. 4.- La lesión que las violaciones constitucionales puedan causar o causaron al querellante en su situación jurídica. Igualmente, en sentencia No. 1.234 del 13 de julio de 2001, la Sala dejó sentado que: “La legitimación activa del accionante en amparo, viene determinada porque en su situación jurídica exista la amenaza o la posibilidad de que se consolide un daño irreparable, proveniente de una infracción de naturaleza constitucional, por lo que pretende se enerve la amenaza, o se le restablezca la situación jurídica infringida. Lo importante es que el accionante pueda verse perjudicado en su situación jurídica por la infracción de derechos o garantías constitucionales que invoca, lo que le permite incoar una pretensión de amparo contra el supuesto infractor, sin diferenciar la ley, en principio, si los derechos infringidos son derechos o garantías propios del accionante o de terceros, así estos últimos no reclamen la infracción. A juicio de esta Sala, la legitimación del accionante en amparo nace del hecho de que su situación jurídica, se haya visto amenazada o menoscabada por una infracción de naturaleza constitucional, la cual puede ser directamente contra sus derechos o garantías constitucionales, o indirectamente, cuando afecta los derechos constitucionales de otro, pero cuya infracción incide directamente sobre una situación jurídica. En estos últimos casos, surge una especie de acción de amparo refleja, donde el accionante, sin notificárselo al titular del derecho infringido, se sustituye en el derecho ajeno, y que procede en aquellos casos donde el tercero no puede renunciar a sus derechos si no ejercerlos, lo que no hace, a veces por desconocer la trasgresión. Se trata de los derechos constitucionales violados que no son los propios del accionante sino ajenos, pero por ser la legitimación para incoar el amparo personalísima, es necesario que exista una conexidad entre el accionante y el tercero, hasta el punto que la violación de los derechos de éste, puedan asimilarse a la trasgresión de derechos propios.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada el 25 de marzo de 2003, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana ROSA CAROLINA TORRELLES FERRER, sin estar asistida de abogada y en su condición de cónyuge del ciudadano JOSÉ CORNELIO GARCÍA PARRA. Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.