Sentencia N° 364 Constitucional TSJ 2000: Erasmo Carmona Rivas vs Congreso Nacional — Nulidad del Acuerdo del Congreso Nacional…

TSJ/SC, Sent. N° 364, Exp. 00-0702, 16/05/2000 · 16 de mayo de 2000
Expediente00-0702
Parte actora / solicitanteERASMO CARMONA RIVAS
Parte demandada / contraparteCongreso Nacional
PonenteHÉCTOR PEÑA TORRELLES
MateriaConstitucional
Tipo de recursoNulidad
Fecha de la decisión2000-05-16
DecisiónCon Lugar

Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso de nulidad interpuesto por Erasmo Carmona Rivas contra un Acuerdo del extinto Congreso Nacional que delegó en el Ejecutivo Nacional la privatización de C.V.G. FESILVEN C.A. mediante la modalidad de Venta de Activos en Operación. Se argumentó que el Acuerdo violaba disposiciones de la Ley de Privatización y el Código de Comercio, al no seguir el procedimiento adecuado para la enajenación de empresas con participación estatal mayoritaria. La Sala determinó que el Acuerdo tenía rango de Ley y, por lo tanto, su control correspondía a la jurisdicción constitucional. Se concluyó que el Congreso había excedido sus funciones al modificar el procedimiento establecido para la privatización, lo que generó una situación de ilegalidad y confusión en el proceso de privatización de la empresa. Finalmente, la Sala declaró con lugar el recurso de nulidad, ordenando las notificaciones pertinentes y el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para la privatización de la empresa, restableciendo así la situación jurídica infringida.

Extracto de la motiva

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, considera que el Acuerdo del extinto Congreso Nacional, mediante el cual se delegó en el Ejecutivo Nacional la ejecución del proceso de privatización de la empresa C.V.G. VENEZOLANA DE FERROSILICIO C.A., (C.V.G. FESILVEN C.A.), mediante la modalidad de Venta de Activos en Operación, debe ser declarado nulo. En efecto, el recurrente ha alegado que dicho Acuerdo vulnera las disposiciones de la Ley de Privatización, específicamente en lo que respecta a la venta de empresas donde el Estado tiene participación accionaria mayoritaria, al utilizarse un procedimiento distinto al determinado en la ley, como es la venta directa de la totalidad de los activos, desconociendo las deudas pendientes. La Sala observa que el artículo 9 de la Ley de Privatización establece que la ejecución de la política de privatización estará a cargo del Ejecutivo Nacional por órgano del Fondo de Inversiones de Venezuela, y que la enajenación parcial o total de las acciones en empresas básicas o estratégicas debe ser previamente aprobada por el Congreso de la República, conforme lo establece el artículo 11 de la misma ley. Por lo tanto, el Acuerdo impugnado, al no seguir el procedimiento adecuado y al no contar con la aprobación del Congreso, se encuentra viciado de nulidad. Asimismo, se concluye que el Acuerdo del Congreso Nacional no constituye un simple acto administrativo, sino un acto con rango de Ley, lo que implica que su control corresponde a la jurisdicción constitucional. En consecuencia, se admite el recurso de nulidad interpuesto y se ordena la notificación de los interesados para que concurran a darse por citados, a partir de la fecha de su publicación hasta la oportunidad que tenga lugar el acto de informes en el presente juicio.

Dispositiva

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano ERASMO CARMONA RIVAS, asistido por el abogado GUSTAVO NALI RENAU en contra del Acuerdo del extinto Congreso Nacional, por el cual se delegó en el Ejecutivo Nacional por Órgano del Fondo de Inversiones de Venezuela, la ejecución del proceso de privatización de la empresa C.V.G. VENEZOLANA DE FERROSILICIO C.A., (C.V.G. FESILVEN C.A.), mediante la modalidad de Venta de Activos en Operación, dictado el 2 de septiembre de 1998, y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº. 35.535, el 9 de septiembre de 1998. En consecuencia, de conformidad con el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ordena hacer las notificaciones al Presidente de la Comisión Legislativa Nacional y al Fiscal General de la República.

Palabras clave

nulidadprivatizaciónC.V.G. FESILVENCongreso NacionalLey de Privatizaciónventa de activosejecutivo nacionalderecho administrativo

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