Sentencia N° 360 Constitucional TSJ 2001: Joseph Maubayed Tobachi — Nulidad de Venta

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Joseph Maubayed Tobachi contra la sentencia de la Corte de Apelaciones del Estado Cojedes, que declaró sin lugar su apelación por nulidad de venta. El demandante alegó violaciones a sus derechos de defensa y petición, argumentando que la decisión de la Corte no abordó adecuadamente su pretensión de retracto legal inquilinario. La Sala consideró que la Corte de Apelaciones no se pronunció sobre la pretensión deducida, lo que llevó a la admisión del amparo y a la orden de notificación a los jueces de la Corte de Apelaciones.

La sentencia impugnada analiza expresamente el alegato que el accionante expuso en su apelación ante la Corte de Apelaciones, según el cual: “el sentenciador de Primera Instancia no se pronunció con arreglo a la pretensión deducida, que no era otra que el subrrogar a su cliente el señor JOSEPH MAUBAYED TOBACHI en los derechos del comprador señor JULIO CASTILLO.” Respecto de ello, la referida Corte de Apelaciones dejó establecido que la sentencia dictada por el Tribunal de la causa sí se habría pronunciado sobre la pretensión del accionante toda vez que declaró con lugar la demanda, anuló la cuestionada venta y ordenó a los propietarios ofrecer el inmueble en venta al arrendatario. Concluye la sentencia impugnada sosteniendo que: “Con esta determinación de la sentencia apelada, es evidente que contrariamente a lo afirmado por el apoderado acto[r] si hubiere (sic) pronunciamiento que pretende. Ello en razón que tal determinación no constituye otra cosa que una subrrogación del actor en los derechos del adquiriente para adquirir el inmueble. Por ello la apelación del apoderado actor se hace improcedente y así expresamente se decide.” En otra parte de la sentencia impugnada, la Corte de Apelaciones dejó además sentado que los propietarios ofrecieron el inmueble en venta al arrendatario (demandante), el día 6 de agosto de 1992, pero que dicho arrendatario no ejerció oportunamente el derecho de retracto, “sino que por el contrario dejó el expresado arrendatario transcurrir pasivamente el lapso de nueve (9) meses para ejercer su acción”, lo cual “hace improcedente la presente acción propuesta.” De esta forma, la Corte de Apelaciones declaró con lugar la apelación ejercida por la parte demandada, revocó la sentencia dictada por el Tribunal de la causa, declaró sin lugar la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

ADMITE la acción de amparo ejercida por el ciudadano JOSEPH MAUBAYED TOBACHI, contra la decisión dictada, en fecha 11 de agosto de 2000, por la CORTE DE APELACIONES EN LO CIVIL, MERCANTIL, PENAL, TRÁNSITO, TRABAJO Y MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES. ORDENA: 1.- Notificar de esta decisión a los Jueces de la Corte de Apelaciones en lo Civil, Mercantil, Penal, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, acompañando al oficio correspondiente copia de la decisión y del escrito de amparo, y haciéndoles saber que podrán hacerse presente en la audiencia constitucional, cuyo día y hora serán fijados por órgano de la Secretaría de la Sala, a fin de que expongan lo que estimen pertinente acerca de la acción de amparo constitucional a que se contraen las presentes actuaciones. 2.- Notificar al Ministerio Público de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 3.- Que la Corte de Apelaciones en lo Civil, Mercantil, Penal, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes notifique de esta decisión a quien obró como parte demandada, los ciudadanos Carmen Pérez de Rizzo, Isabel Teresa Pérez, José Pérez y Julio Castillo, en el proceso seguido en segunda instancia por ante dicha Corte de Apelaciones. Cumplida esta actuación, dicha Corte de Apelaciones se servirá informar inmediatamente de sus resultas a esta Sala Constitucional. 4.- Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la práctica de la última de las notificaciones ordenadas. Y NIEGA la medida cautelar.