Sentencia N° 35 Constitucional TSJ 2001: Blas Nicolás Negrín Marquez — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Manuel T. Machado Bolívar en favor de Blas Nicolás Negrín Márquez, alegando la violación del derecho a la retroactividad de la ley penal. La Sala argumentó que la Corte de Apelaciones actuó correctamente al no conceder el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, dado que la pena impuesta por el delito de homicidio intencional excedía el límite establecido por la Ley de Beneficios en el Proceso Penal. La Sala destacó que la interpretación de la ley debe ser coherente y que la aplicación de la retroactividad en materia penal solo es válida cuando favorece al reo. En este caso, se concluyó que la Corte de Apelaciones no vulneró derechos constitucionales al aplicar la ley vigente en el momento de los hechos, y que la decisión de negar el beneficio solicitado era ajustada a derecho. Finalmente, la Sala reafirmó que no hubo vulneración de derechos constitucionales y que la acción de amparo debía ser declarada improcedente in limine.

El eje de la supuesta vulneración constitucional gira alrededor de la no aplicación de la excepción de retroactividad de la leyes en materia penal, en tanto y en cuanto favorezcan al reo o rea (artículo 24 de la Constitución). Aprecia la Sala, que la presunta violación fue fundamentada en el argumento de que la Ley de Beneficios en el Proceso Penal, específicamente su artículo 14, no fue interpretada con justicia al no concederle al sentenciado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por la única razón de que éste se acogió a la figura procesal de la Admisión de los hechos prevista en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual prescribe una rebaja especial de pena que oscila de 1/3 a la 1/2 de la pena impuesta, por lo cual aquél no merecía ningún otro beneficio determinado en otra ley; en el caso in concreto, en la Ley de Beneficios en el Proceso Penal. Por esa razón, la Corte de Apelaciones habría cometido un error por no haber realizado una interpretación concatenada del artículo 376 de la ley adjetiva penal y el artículo 14 de la Ley de Beneficios en el Proceso Penal; es decir, no aplicó la retroactividad de la ley procesal penal. Estima la Sala, que el abogado defensor al plantear la violación de la excepción de retroactividad de las leyes en materia penal, incurrió en una confusión, pues una cosa es la labor interpretativa desempeñada por el Juez que le permite construir una decisión fundada en derecho, y otra es la aplicación de una ley procesal penal a un determinado delito cometido con anterioridad a su entrada en vigencia, en tanto y en cuanto favorezca más al reo. Del principio de legalidad deriva el carácter irretroactivo de la ley y, como excepción, su retroactividad es admitida sólo en materia penal, tanto en el orden sustantivo como adjetivo, únicamente en el caso de su mayor benignidad en relación al acusado. La retroactividad obedece a la existencia de una sucesión de leyes penales, que por emanar de seres humanos y estar destinadas a controlar la conducta de éstos, su validez o vigencia se encuentran sometidas a la temporalidad, por lo cual se dan casos donde la situación fáctica acaecida en un determinado momento y bajo el imperio de una ley, al tiempo de ser sometida al juzgamiento se encuentra con que ha entrado en vigencia otro texto legal que favorece más a la persona involucrada en los hechos y por ello se debe aplicar la nueva ley retrotrayendo su vigencia al momento de la comisión del delito.

Por los motivos que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara IMPROCEDENTE in limine, la acción de amparo constitucional incoada por el abogado Manuel T. Machado Bolívar, actuando en su carácter de defensor del ciudadano BLAS NICOLÁS NEGRÍN MARQUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, de fecha 29 de febrero de 2000, alegando la presunta violación del derecho consagrado en el artículo 24 de la Constitución vigente, el cual establece la excepción de retroactividad de la ley penal, para aquellos casos en que beneficie al reo o rea. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.