Sentencia N° 338 Constitucional TSJ 2000: Pedro Rafael Torres González vs Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo interpuesta por el abogado Pedro Rafael Torres González en representación de Gonzalo Antonio Jimeno Sierra, contra una sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Penal de Carabobo. La Sala declaró inadmisible la acción de amparo, argumentando que la vía extraordinaria del amparo se agotó con la apelación o consulta prevista en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo que impide la interposición de una nueva acción de amparo. Sin embargo, la Sala también advirtió sobre la infracción de derechos constitucionales en la sentencia impugnada, dejando sin efecto la misma y ordenando que la causa sea decidida nuevamente en segunda instancia.

La Sala pasa en primer lugar, a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto observa que, en sentencias de fechas 20 de enero del presente año recaídas en los casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, en relación a los amparos contra sentencia previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sostuvo expresamente que corresponde a esta Sala conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de: 1) los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los que tienen competencia contencioso-administrativa de cuyas decisiones dictadas en esta materia conoce la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, según sentencia de esta Sala de fecha 14 de marzo de 2000, recaída en el caso Elecentro), 2) la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y, 3) las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales. Observa esta Sala que, en el presente caso, la sentencia presuntamente lesiva a los derechos constitucionales del actor ha sido dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al conocer de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de la sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de 1998 por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal de la misma Circunscripción Judicial, razón por la cual -aplicando el criterio sostenido en los fallos antes citados- resulta competente para conocer de la presente acción, y así se declara.

Por las razones precedentemente señaladas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el por el abogado PEDRO RAFAEL TORRES GONZÁLEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano GONZALO ANTONIO JIMENO SIERRA, contra la sentencia de fecha 22 de octubre de 1998, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, la cual se declara INADMISIBLE. Sin embargo, en reguardo del orden público constitucional, deja SIN EFECTO la sentencia dictada en fecha 22 de octubre de 1998, por el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, en consecuencia, se REPONE la causa al estado de que se dicte nueva sentencia sobre la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de la sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de 1998, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, razón por la cual se ORDENA remitir el presente expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, a fin de que sea asignado su conocimiento a una de las Salas de la Corte de Apelaciones de dicho Circuito Judicial.