Sentencia N° 330 Constitucional TSJ 2000: Eduardo García vs Ministerio de Energía y Minas — La competencia de la Sala…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesto por Eduardo García contra las Resoluciones Nos. 203 y 204 del Ministerio de Energía y Minas, que aumentaron el precio del combustible. La Sala, tras analizar el caso, determinó que carecía de competencia para conocer de la acción planteada, ya que se trataba de actos administrativos de rango sublegal, lo que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Constitución vigente distingue claramente la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, delimitando el alcance de ambas competencias en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objetos de control y no a los motivos por los cuales se impugnan. En efecto, de conformidad con el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de Ley”. De esta forma, la Sala Constitucional, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conoce de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos realizados en ejecución directa de la Constitución o que tengan forma de ley. De allí que, en el caso de autos, al tratarse de la impugnación de dos Resoluciones Ministeriales, es decir, actos de rango sublegal, esta Sala Constitucional carece de competencia para controlar su conformidad a derecho, ya que la misma corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Así se decide.

1. Que NO TIENE COMPETENCIA para conocer de la acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad ejercida conjuntamente con amparo constitucional y subsidiariamente solicitud de medida cautelar innominada de suspensión de efectos por el ciudadano EDUARDO GARCÍA, asistido por el abogado LOMBARDO BRACCA LÓPEZ, contra las Resoluciones Nos. 203 y 204 expedidas en fecha 15 de julio de 1997 por el Ministerio de Energía y Minas, publicadas en Gaceta Oficial Nº 36.248 de la misma fecha, mediante las cuales se aumentó el precio del combustible diesel y gasolina. 2. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es el tribunal COMPETENTE para conocer de la referida acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad ejercida conjuntamente con amparo constitucional y subsidiariamente solicitud de medida cautelar innominada de suspensión de efectos de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones impugnadas por el ciudadano EDUARDO GARCÍA. 3. Se ordena remitir el expediente a la Sala competente antes indicada.