Sentencia N° 329 Constitucional TSJ 2000: Consorcio Ayari vs Concejo Municipal del Municipio Bolívar — Nulidad de ordenanza…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesta contra el Código 36.1 del Grupo 036 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Bolívar, Estado Táchira. Se argumentó que dicha ordenanza excede las competencias tributarias del municipio, afectando la libertad económica y el derecho a la propiedad del CONSORCIO AYARI, que no ejerce actividades de industria o comercio. La Sala decidió conceder el amparo constitucional solicitado, ordenando la suspensión de la aplicación de la norma impugnada hasta que se resuelva la acción de nulidad.

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente: “También es procedente la acción de amparo, cuando la violación o amenaza de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. En este caso, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el juez informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión. La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia, si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad. Ha sostenido este Alto Tribunal en fallos anteriores que el objeto de control del amparo que tiene naturaleza “cautelar” en juicios como el de autos, consiste en el acto de aplicación de una norma que colida con la Constitución, o la amenaza de que ésta se pueda materializar, causando una violación de los derechos constitucionales del accionante. La norma impugnada dispone que el impuesto establecido en la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio, recae entre otras, en las siguientes actividades: (Código 36.1) “servicios públicos prestados mediante concesiones de vías públicas otorgadas a las empresas particulares o públicas; o como sociedades de economía mixta, es decir, mediante sociedad mercantil cuyo capital parcialmente pertenezca a la administración titular.” En el caso de autos, observa la Sala que los accionantes se basan en la amenaza de violación que produce la norma contra la que intentan la acción principal, y siendo así, que cuando la misma se aplique se concretaría la violación de sus derechos constitucionales referidos a la libertad económica y el derecho de propiedad, en el sentido que, de no pagar la patente de industria y comercio existe la amenaza de que se le apliquen las sanciones previstas en dicha Ordenanza, como es la imposición de multas y el cierre del peaje, con el consecuente abandono y deterioro de las obras de vialidad pública. Asimismo, estiman lesionada la garantía constitucional a la reserva legal según la cual los derechos previstos en la Constitución, sólo podrán ser limitados por la ley. Visto lo anterior, esta Sala Constitucional pasa hacer un análisis de las denuncias para verificar si existe la presunción grave de lesión o amenaza de violación de los referidos derechos, y en tal sentido observa: En primer lugar, expresan los accionantes que el derecho establecido en los artículos 96 de la derogada Constitución de 1961 (artículo 112 de la Constitución vigente), referente a la libertad económica ha sido violado al pretender el Municipio no sólo crear un impuesto sobre actividades que no son ni de industria ni comercio, sino que además dicho impuesto conllevaría a cumplir una serie de obligaciones inherentes a dicha violación entre las cuales estaría, la necesidad de obtener licencia de industria y comercio, con lo cual se estaría obligando al CONSORCIO AYARI a admitir y consentir un hecho inconstitucional al registrarse como contribuyente por ante la Oficina de Hacienda Municipal. Alegan además, que de no consentir en lo que el Municipio pretende, existe la amenaza cierta, real, inminente y realizable del cierre del peaje, es decir de la vía de comunicación con lo que se impediría al CONSORCIO AYARI ejercer la actividad lucrativa de su preferencia, confiscándose además sus bienes.

Se ADMITE la acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesta contra el Código 36.1, correspondiente al Grupo 036 del clasificador de actividades económicas del anexo “A” de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Bolívar del Estado Táchira, aprobada por el Concejo Municipal de dicho Municipio en fecha 22 de Abril de 1999 y publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 012 el 30 de abril de 1999. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ordena notificar al Presidente del Concejo Municipal del Municipio Bolívar, del Estado Táchira y al Fiscal General de la República. Igualmente se ordena la notificación del Síndico Procurador Municipal. A tales fines, remítase a los citados funcionarios copia certificada del recurso de nulidad y de la documentación pertinente acompañada al mismo. Igualmente, emplácese a los interesados mediante cartel el cual será publicado por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a expensas del recurrente, en uno de los medios impresos de mayor circulación nacional y uno local para que concurran a darse por citados, a partir de la fecha de su publicación hasta la oportunidad que tenga lugar el acto de informes en el presente juicio. CON LUGAR el amparo constitucional solicitado. En consecuencia, se ordena no aplicar a los accionantes CONSORCIO AYARI (MAQUINARIAS MIRANDA, C.A. Y TRANSPORTE RUFINO, S.A.,) el Código 36.1 que contiene la actividad a ser gravada, correspondiente al Grupo 036 del clasificador de las actividades económicas del anexo “A”, de la Ordenanza Municipal del Municipio Bolívar del Estado Táchira, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Número 012 el 30 de abril de 1999, desde la fecha de publicación del presente fallo y por todo el tiempo que dure la tramitación de la acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad. Por tanto, se ordena al Concejo Municipal del Municipio Bolívar, del Estado Táchira, se abstenga de cobrar la patente de industria y comercio al CONSORCIO AYARI, hasta tanto se decida la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad. Se hace del conocimiento del Presidente del Concejo Municipal del Municipio Bolívar que, si lo estima pertinente, puede formular oposición contra el mandamiento de amparo acordado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación, supuesto en el cual la Secretaría de esta sala convocará para una audiencia oral y pública que se efectuará en el tercer (3º) día siguiente a la formulación de la oposición, a fin de que las partes expongan sus alegatos. Se advierte que el presente mandamiento de amparo debe ser acatado inmediatamente por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.