Sentencia N° 3240 — Sala Constitucional del TSJ, 12 de diciembre de 2002

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los defensores de Diógenes Alberto León Espinoza y Yenny Josefina Del Valle Salazar, contra la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico. La Sala fundamentó su decisión en la falta de agotamiento de los recursos ordinarios, considerando que la apelación era el medio adecuado para restablecer la situación jurídica de los accionantes. La Sala reiteró que la acción de amparo procede solo cuando no existe un medio procesal breve y eficaz para proteger los derechos constitucionales invocados. En este caso, los accionantes habían ejercido el recurso de apelación, lo que llevó a la inadmisibilidad de la acción de amparo, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Finalmente, la Sala confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones, declarando sin lugar la apelación y reafirmando la inadmisibilidad de la acción de amparo, en atención a la jurisprudencia establecida sobre el agotamiento de los recursos ordinarios.

En atención a la reiterada y pacífica jurisprudencia establecida por esta Sala, la acción de amparo procede contra todo acto, hecho u omisión que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por la Constitución y leyes de la República, o los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por Venezuela, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional invocada. Los accionantes impugnan, por estimar que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, fundamentó su declaratoria de inadmisibilidad, en la declaratoria sin lugar del recurso de apelación ejercido contra el auto que declaró sin lugar la excepción opuesta, dictado el 06-12-02, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Control del mismo Circuito. Al efecto, arguyeron la violación por parte de la citada Corte del artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal. Visto desde esta perspectiva, la Sala considera que la citada acción de amparo se encuentra incursa prima facie, en la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues los agraviados utilizaron el recurso de apelación contra la decisión que consideraron lesiva de sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que este recurso era el idóneo para lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida; por lo tanto, el amparo incoado resulta inadmisible, en atención al criterio establecido en la sentencia nº 963/2001 del 5 de junio.

Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida contra la decisión del 20 de febrero de 2002, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico; CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico; y, en consecuencia, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional, interpuesta por los ciudadanos Bernardo Alonso Álvarez Castillo y Rubén Antonio Barrios Velásquez, en su condición de defensores de los ciudadanos DIÓGENES ALBERTO LEÓN ESPINOZA y YENNY JOSEFINA DEL VALLE SALAZAR, contra la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial Penal, el 22 de noviembre de 2001, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.