Sentencia N° 3236 — Sala Constitucional del TSJ, 28 de octubre de 2005

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de amparo constitucional interpuesta por los abogados Guillermo J. Fernández H. y Alejandro Dopico C. en representación de Daniel Barceló, quien alegaba la violación de sus derechos constitucionales debido a un registro policial mantenido por la Dirección Nacional Contra la Delincuencia Organizada. La Sala determinó su competencia para conocer el caso, pero declaró improcedente la solicitud, argumentando que no se presentaron pruebas suficientes que justificaran la eliminación del registro policial.

La Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia que corresponde a ella el conocimiento de las acciones autónomas cuyo objeto sea la protección de los derechos que nacen del artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mientras la norma constitucional que le sirve de fundamento carezca de desarrollo legislativo. En este orden de ideas, la Sala ratificó su competencia para conocer de las acciones de habeas data, declarando expresamente el carácter vinculante de dicha interpretación. En consecuencia, la Sala aprecia que se está ante una petición consistente en que se deje sin efecto tanto la solicitud policial como el registro policial que pesan sobre su persona. Sin embargo, el demandante no acompañó a su solicitud con pruebas suficientes que demuestren la existencia de la información que se solicita eliminar, lo que lleva a la Sala a declarar improcedente la solicitud incoada.

1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la solicitud interpuesta por los abogados GUILLERMO J. FERNÁNDEZ H. y ALEJANDRO DOPICO C., actuando como apoderados judiciales del ciudadano DANIEL BARCELO. 2.- Declara IMPROCEDENTE la solicitud realizada por los apoderados judiciales del ciudadano DANIEL BARCELO, en relación a que se deje sin efecto tanto la solicitud policial como el registro policial que pesan sobre su persona, restableciendo de inmediato la situación jurídica infringida.