Sentencia N° 3189 — Sala Constitucional del TSJ, 14 de noviembre de 2003

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Sala n° 6 de la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por José Manuel Torres González. El demandante alegó violaciones a sus derechos a la igualdad, no discriminación y presunción de inocencia, argumentando que el juez de juicio discriminó al imputado por su condición de militar. Sin embargo, la Sala concluyó que no hubo vulneración de derechos constitucionales, ya que el juez actuó dentro de su competencia al considerar el peligro de obstaculización en la investigación debido al rango del imputado y su relación con los coimputados y testigos.

La Sala observa que el defensor del demandante en amparo, ciudadano José Manuel Torres González, denunció la violación de los derechos de su defendido a la igualdad ante la ley, a la no discriminación y a la presunción de inocencia que acogen los artículos 21 y 49 de la Constitución de la República, que supuestamente fueron vulnerados por el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cuando negó la solicitud de sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad por una menos gravosa, porque consideró que existía grave sospecha de que el imputado pudiera influir en los coimputados y testigos del caso, en razón de su rango militar. La Sala n° 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar la pretensión de amparo, porque consideró que no había sido vulnerado ningún derecho constitucional y, específicamente, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, por cuanto el imputado es Capitán del Ejército y los coimputados, testigos o expertos son también miembros de la Fuerza Armada, algunos con un rango inferior e, incluso, con relación de subordinación con el mencionado imputado. El Código Orgánico Procesal Penal reformado establecía: Artículo 259. Procedencia. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de: 1° Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2°) Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; 3°) Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. (...). Artículo 273. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que fue objeto de consulta que dictó la Sala n° 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de noviembre de 2001, y declara SIN LUGAR la demanda de amparo que interpuso el ciudadano José Manuel Torres González contra el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.