Sentencia N° 3182 — Sala Constitucional del TSJ, 15 de diciembre de 2004

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por varios legisladores del Estado Barinas contra el Contralor General de la República, quien había declarado su responsabilidad administrativa. Los accionantes alegaron que la amenaza de sanciones accesorias violaba sus derechos constitucionales. La Sala, tras analizar el caso, declaró inadmisible la acción de amparo, argumentando que la amenaza de violación de derechos no era inmediata ni realizable. Se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Superior para conocer la acción de amparo.

El objeto de la presente acción de amparo constitucional lo constituye la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ, DAVID NATHANAEL MÉNDEZ, MALQUIADES ANTONIO OCAÑA, RAFAEL ENRIQUE RIERA SEQUERA, RAFAEL SANTIAGO MONSALVE PAREDES, MIGUEL ÁNGEL ROSALES APARICIO y ANTONIO JOSÉ BASTIDAS GONZÁLEZ, contra el ciudadano Contralor General de la República, por la supuesta amenaza de que “luego de haber sido declarada recientemente la responsabilidad administrativa de mis mandantes previa aplicación del procedimiento previsto por el artículo 117 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, Fiscal, decida imponerles además, las sanciones accesorias de suspensión del cargo sin goce de sueldo, destitución del cargo e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas previstas en el artículo 105 de la Ley Orgánica”. Al respecto esta Sala se ha pronunciado recientemente sobre la extensión de los efectos de la sentencia recaída en la presente causa, el 20 de octubre de 2004, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano TULIO RAFAEL GUDIÑO CHIRASPO, asistido por abogado, contra la Resolución N° 01-00-019 del 23 de enero de 2004, dictada por el Contralor General de la República, mediante la cual se le destituyó del cargo de Legislador al Consejo Legislativo del Estado Bolívar y se le inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres años, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa previamente declarada, y en consecuencia, dejó sin efecto la parte de la referida Resolución, relativa a la destitución del accionante.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en su decisión de 10 de junio de 2004, para conocer de la acción de amparo constitucional intentada por el abogado William Enrique Cuevas Rodríguez, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ, DAVID NATHANAEL MÉNDEZ, MALQUIADES ANTONIO OCAÑA, RAFAEL ENRIQUE RIERA SEQUERA, RAFAEL SANTIAGO MONSALVE PAREDES, MIGUEL ÁNGEL ROSALES APARICIO y ANTONIO JOSÉ BASTIDAS GONZÁLEZ, contra el ciudadano CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por la supuesta amenaza de que “luego de haber sido declarada recientemente la responsabilidad administrativa de mis mandantes previa aplicación del procedimiento previsto por el artículo 117 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, Fiscal, decida imponerles además, las sanciones accesorias de suspensión del cargo sin goce de sueldo, destitución del cargo e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas previstas en el artículo 105 de la Ley Orgánica”. INADMISIBLE la acción de amparo constitucional.