Sentencia N° 317 Constitucional TSJ 2001: FREDDY IVÁN RAMÍREZ GUERRERO y YANINA DE… vs Edicht Badell Romero

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de ley ordenada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en relación a una acción de amparo interpuesta por Freddy Iván Ramírez Guerrero y Yanina de Ramírez. La acción fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones, lo que motivó la consulta a la Sala Constitucional. La Sala determinó que no tenía materia sobre la cual decidir, dado que ya se había resuelto una acción de amparo similar en fecha anterior, lo que generó cosa juzgada.

Dilucidado el aspecto de la competencia procesal a favor de esta Sala, le corresponde ahora pronunciarse sobre la consulta de Ley, ordenada por la Sala nº 2 de la Corte de Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. A tal efecto, se observa: El 11 de abril de 2000, los ciudadanos Freddy Iván (accionante en esta causa), Orlando, Arnaldo y Nohemí, todos de apellidos Ramírez Guerrero, comparecieron ante la Secretaría de la Sala y mediante escrito consignaron una copia fotostática de la sentencia nº 20/2000 que emitiera esta Sala, la cual guarda identidad con la presente acción de amparo, razón por la cual solicitaron “[...] se abstengan de decidir Señores Magistrados sobre la base siguiente:... A) Somos las mismas personas así como los mismos hechos denunciados [...]”. Ahora bien, conforme al documento consignado por uno de los accionantes en el presente amparo, luego de efectuada su lectura y posterior análisis, se constata que el 15 de febrero del año 2000, esta Sala, con ponencia del Magistrado doctor Iván Rincón Urdaneta (exp. nº 00-0051) dictó sentencia que involucra en este caso a) los mismos sujetos; b) los mismos hechos; y c) la misma pretensión. La referida decisión, en síntesis, expresa lo siguiente: “[...] esta Sala considera que en el presente caso no es posible afirmar que la ausencia del ejercicio de la acción de amparo conlleva tales consecuencias, pues a tenor del numeral 4 del artículo 6 de la Ley que rige la materia, el presunto consentimiento expreso del agraviado no opera si la violación concreta que se denuncia transgrede normas de orden público, entre las cuales indudablemente se encuentran aquellas que rigen el ejercicio de prerrogativas del poder público. Tal como ha sido expuesto anteriormente, el Juzgado Trigésimo Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante oficio Nº 2968-97 de fecha 18 de septiembre de 1997, dejó sin efecto el oficio Nº 1450-520 de fecha 21-03-94, emanado del Juzgado 2do de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, referente a los mismos inmuebles. Al respecto, debe señalar esta Sala, que el mencionado Juzgado de Primera Instancia no podía dictar órdenes a órganos administrativos auxiliares en nombre de otro Tribunal, pues estaría invadiendo de forma evidente la esfera de competencias que le confiere la Ley. Esta circunstancia configura una evidente extralimitación de atribuciones que, a juicio de esta Sala, es un “hecho lesivo de la conciencia jurídica”, cuya denuncia no se encuentra sometida a caducidad. Por lo tanto, esta Sala desestima el argumento que a tal efecto esgrimiera el a quo para declarar inadmisible la acción de amparo, y así se declara.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR respecto de la consulta ordenada por la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la acción de amparo interpuesta por el abogado Héctor Centeno Guzmán, actuando en representación de los ciudadanos Freddy Iván Ramírez Guerrero y Yanina de Ramírez, contra el acto dictado el 18 de septiembre de 1997 por la ciudadana Jueza Edicht Badell Romero, a cargo del entonces Juzgado Trigésimo Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual, el 10 de marzo del 2000, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente a su Tribunal de origen.