Sentencia N° 315 — Sala Constitucional del TSJ, 28 de abril de 2023

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, sancionada por la Asamblea Nacional el 27 de abril de 2023. La ley tiene como objetivo establecer mecanismos para la identificación y recuperación de bienes originados por actividades ilícitas, así como la extinción de derechos sobre estos a favor del Estado. La Sala destacó la importancia de esta ley en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, alineándola con los principios constitucionales de justicia y protección de los derechos humanos.

Por lo que se puede afirmar que el instrumento normativo aquí analizado además viene a desarrollar la severidad de las penas que debe imponerse por la comisión de ilícitos económicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así el instrumento normativo que aquí se analiza se perfila a coadyuvar en la prevención de las actividades delictivas, especialmente las relacionadas con la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que tienen un impacto negativo sobre la sociedad. Al respecto, observa esta Sala Constitucional, que siendo efectivamente, como antes se indicó, que el objeto de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, es establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a éstas, así como la extinción de los derechos y atribuciones sobre los mismos, se garantiza el respeto de los derechos humanos (artículo 21), el emplazamiento de los titulares aparentes sujetos al procedimiento (artículo 31), acceso a los respectivos recursos (artículos 34, 41, 42, 43), derecho a pruebas (artículo 37) garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa establecido en el artículo 49 Constitucional.

Declara la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, sancionada por la Asamblea Nacional en Sesión Ordinaria del 27 de abril de 2023.