Sentencia N° 3098 — Sala Constitucional del TSJ, 18 de octubre de 2005

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia en relación al recurso de nulidad interpuesto por varios oficiales de la Fuerza Armada Nacional contra el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, argumentando su inconstitucionalidad e ilegalidad. La Sala analizó la naturaleza del reglamento impugnado, considerando que fue dictado bajo un régimen de fuerza y que, por tanto, no puede ser considerado un reglamento válido en un Estado de Derecho.

Como ha sido narrado anteriormente, en el presente caso, ha sido ejercido un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad, contra el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6 del 31 de enero de 1949, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.507 del 16 de agosto de 2002. Visto lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse respecto de la perención de la instancia en el presente caso y, a tal efecto, observa: De conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Tribunal Supremo sin más trámite debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN de la instancia y, en consecuencia, extinguido el proceso seguido en el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad seguido por el General de Brigada (Av) ANTONIO GIOVANI NARVAEZ CHACÓN, el Contralmirante OSCAR ALFREDO BETANCOURT PATIÑO y el Capitán de Navío JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, asistidos por los abogados René Buroz Arismendi, Carlos Martínez Ceruzzi, Silvana Gómez Mercado y Rosa Virginia Cabrera Carpio, contra el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6 del 31 de enero de 1949, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.507 del 16 de agosto de 2002.