Sentencia N° 309 Constitucional TSJ 2001: Octopus Vigilancia Privada, S.A. — La inadmisibilidad de la acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por OCTOPUS VIGILANCIA PRIVADA, S.A. contra una sentencia del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo. La Sala fundamenta su decisión en la falta de materia sobre la cual decidir, ya que el abogado que presentó la demanda no contaba con el poder correspondiente para actuar en nombre de la empresa. Además, se señala que la acción de amparo no es un recurso sustitutivo de los ordinarios y que no se configuraron las violaciones constitucionales denunciadas por el recurrente.

La Sala, para decidir, observa: En el caso de autos, la parte actora fundamenta las denuncias de violación al derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto nadie puede ser condenado sin ser citado y oído previamente y,"(en) este caso al no escucharse la Apelación ordenada por el tribunal de Alzada, y al decretarse la ejecución de una sentencia con tantas fallas y coartando el derecho de defensa de (su) representada, estamos claramente evidenciando todo un sin fin de caprichos que van en perjuicio (suyo) y que (le) producen un daño en todos los efectos”. Por su parte, la consultada luego de haber declarado que no tenía materia sobre la cual decidir, declaró sin lugar la acción de amparo propuesta, basada en que el accionante pretendía a través de la mencionada acción de amparo “impugnar las actuaciones del juez recurrido y su sentencia definitiva (...) requiriendo le sea revisado una supuesta violación del derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso”. Ahora bien, esta Sala resume lo sucedido en la causa principal de la siguiente forma: La parte demandada, ahora querellante opuso la cuestión previa de defecto de forma del libelo (folios 10, 11 y 12), pero el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, por auto del 28 de abril de 1999, consideró que la parte demandada no había comparecido a contestar la demanda, pues el ciudadano ELEAZAR CUOTTO RENDÓN, quien habría comparecido en su “condición de citado”, actuaba en forma personal y no era parte en el juicio (folios 13 y 14), por lo que, la parte demandada –aquí accionante- apeló de dicha decisión, pero el tribunal negó la apelación, fundado en que el abogado Alfredo Sotillo Martínez actuaba en forma personal y no en legítima representación de la parte demandada (folio 17). Ante esta decisión se ejerció recurso de hecho el cual fue declarado con lugar por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 17 de junio de 1999 y, en consecuencia, ordenó oír la apelación ejercida y revocó el fallo recurrido, pero -señala el accionante- el tribunal de la causa dictó sentencia definitiva el 29 de junio de 1999 sin que se cumpliera la decisión del recurso de hecho. Ahora bien, la Sala observa que a pesar de que la sentencia que declaró con lugar el recurso se dictó con anterioridad a la sentencia definitiva, no existe constancia alguna en autos que evidencie cuándo fue recibido aquel fallo por el tribunal de la causa. En todo caso, se observa que el recurso de hecho propuesto por la parte aquí accionante no suspendía la causa principal y, por tanto, la misma continuaba su curso. Asimismo, se aprecia que cuando sucede lo que aconteció en el presente caso, de pretender la parte que originó la incidencia, protección contra algún agravio procesal, dicha parte debe apelar de la sentencia definitiva, y hacer valer de nuevo la apelación de la interlocutoria tal y como lo dispone el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, el mencionado artículo 291 regula esta situación de la siguiente forma: Artículo 291 La apelación de la sentencia interlocutoria se oirá solamente en el efecto devolutivo, salvo disposición especial en contrario. Cuando oída la apelación, ésta no fuere decidida antes de la sentencia definitiva, podrá hacérsela valer nuevamente junto con la apelación de la sentencia definitiva, a la cual se acumulará aquélla. En todo caso, la falta de apelación de la sentencia definitiva, producirá la extinción de las apelaciones de las interlocutorias no decididas. Del transcrito artículo se puede observar que la parte actora contaba con el recurso de apelación contra la sentencia definitiva que, según ella sostiene, se produjo sin esperar la decisión de la incidencia sobre las cuestiones previas que habría formulado, para lograr que sus alegatos fueran decididos. La falta oportuna de interposición del mencionado recurso de apelación, hace inadmisible el amparo propuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 6, numeral 4, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en tanto que permite inferir el consentimiento de la presunta lesión por parte de quien aleja. Así se decide. Finalmente, esta Sala no puede dejar de rechazar la incongruencia cometida por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de haber declarado que no tenía materia sobre la cual decidir, por cuanto el libelo de demanda había sido presentado sin el debido poder del abogado que decía representar a la demandante, para luego –sin embargo- decidir el fondo del asunto planteado. Por tanto, se le indica al Juez, de dicho Juzgado que debe ser más cuidadoso en el sagrado deber de impartir justicia.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por la empresa OCTOPUS VIGILANCIA PRIVADA, S.A., representada por el abogado Alfredo Sotillo Martínez, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 28 de abril de 1999. En consecuencia, se REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas que declaró improcedente dicha pretensión de amparo constitucional. Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.