Sentencia N° 305 Constitucional TSJ 2000: María DEL Carmen Torres Herrero vs Maria Eugenia Oporto de Manrique

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó la apelación interpuesta por la Juez María Eugenia Oporto de Manrique contra la decisión del Juzgado Superior Decimoctavo en lo Penal, que había declarado con lugar la acción de amparo presentada por María del Carmen Torres Herrero. La apelante argumentó que se vulneraron derechos al no permitir el acceso al expediente y al interrumpir el curso del proceso. Sin embargo, la Sala concluyó que la apelación carecía de fundamento y confirmó la decisión del juzgado inferior, declarando sin lugar la apelación.

Es oportuno recordar, que en el sistema procesal penal regido por el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, el procedimiento se encontraba dividido en dos fases o etapas, la primera denominada sumario y la segunda llamada plenario. Pues bien, de acuerdo a lo narrado por las partes accionada y accionante, - lo cual fue objeto de resumen por parte de esta Sala -, y conforme al recaudo consignado por la accionante que corre inserto al folio 12 del expediente, se entiende que se trata de dos causas penales acumuladas ante el Tribunal accionado, cuyo procedimiento se encontraba en la etapa del sumario. Igualmente, se aprecia que en la misma causa hubo un primer fallo por medio del cual se dictó un auto de sometimiento a juicio contra la ciudadana María del Carmen Torres Herrero, aquí accionante, y contra el abogado Angel Pascuzzo Lander, por la presunta comisión del delito de extorsión, el cual había quedado definitivamente firme, y posteriormente, se pronunció un segundo fallo – aquí accionado-, donde se declaró terminada la averiguación, respecto de la denuncia formulada por la ciudadana antes mencionada, por haber resultado de la investigación realizada, la falsedad de los hechos denunciados por aquélla contra la ciudadana Silvia Usme. Asimismo, con esta última decisión, el juzgado ordenó compulsar el expediente con el objeto de no retardar más el curso del proceso, oír los recursos de ley respecto de dicha decisión y declarar la conclusión del sumario en el expediente original, por consiguiente, ordenó remitir inmediatamente el expediente a la Oficina Reproductora del Consejo de la Judicatura para que realizara la compulsa ordenada, “interrumpiéndose el curso regular del presente proceso”, dejándose expresamente establecido que el lapso de ley para los respectivos recursos, comenzaría a correr a partir del momento en que se estableciera de manera expresa, una vez se hubiere cumplido con la compulsa. Apreciado lo anterior, es obvio el hecho de que estando acumuladas las causas, es decir que existiendo un solo expediente contentivo de ambos fallos señalados, se requería la obtención de la copia certificada del mismo por compulsa, en virtud de que contra el último de ellos surgían los respectivos recursos de revisión, entiéndase de apelación o en su defecto la consulta legal y hasta el extraordinario de casación, mientras que respecto del fallo de sometimiento a juicio, el paso procedimental siguiente era declarar la conclusión del sumario y pasar entonces a la parte del plenario, lo que debía realizarse con la mayor celeridad posible pues la libertad personal de los procesados se encontraba restringida.

Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada MARIA EUGENIA OPORTO DE MANRIQUE, Juez titular del Juzgado agraviante, contra la decisión emanada del Juzgado Superior Decimoctavo en lo Penal de Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 14 de diciembre de 1998, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana MARIA DEL CARMEN TORRES HERRERO, contra la decisión emanada del referido Juzgado Noveno en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 22 de octubre de 1998. En consecuencia queda confirmada, en los términos expuestos, la decisión contra la cual se interpuso el recurso de apelación.