Sentencia N° 304 — Sala Constitucional del TSJ, 22 de julio de 2021

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Iván José Otero Alfonzo y Jorge Maksym Skotiuk Pacholek, en contra de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por la violación de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. La acción fue motivada por la abstención de pronunciamiento en un caso específico.

Esta Sala observa del estudio pormenorizado del asunto, que desde el pronunciamiento que admitió la demanda por abstención o carencia contra la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), dictada el 4 de julio de 2018 y celebrada la audiencia oral el 29 de enero de 2019, hasta la presente fecha ha transcurrido un tiempo prudencial en el que se ha podido dictar sentencia en la causa llevada por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. De allí que, con el fin de tener conocimiento pleno de la realidad procesal, esta Sala, procurando obtener una apropiada convicción del presente asunto que le permita conocer todos los extremos jurídicos necesarios para dictar pronunciamientos ajustados a derecho, ORDENA a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo hoy Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que, en un plazo de cinco (5) días, remita un informe que explique el estado actual en que se encuentra la causa y si se ha dictado sentencia definitiva. Se dicta el presente auto para mejor proveer en atención a la facultad prevista en la parte final del artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y se advierte que el incumplimiento de lo solicitado conllevará la aplicación de la sanción prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, consistente en una “(…) multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a las personas, funcionarios o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones, o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar”. La notificación deberá realizarse de conformidad con lo establecido en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, en este sentido, se insta a la Secretaría de la Sala a que priorice la notificación a través de sistemas de comunicación electrónicos.

ORDENA a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo hoy Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que, en un plazo de cinco (5) días, remita un informe que explique el estado actual en que se encuentra la causa y si se ha dictado sentencia definitiva.