Sentencia N° 302 Constitucional TSJ 2001: Alejandro Antonio Rivero Hernandez vs Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo interpuesta por Alejandro Antonio Rivero Hernández contra el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, debido a la falta de respuesta a su solicitud de jubilación. La Sala determinó su incompetencia para conocer del caso, declinando el conocimiento al Tribunal de Carrera Administrativa, considerando la relación entre el accionante y el presunto agraviante. La decisión se fundamenta en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece criterios de competencia en materia de amparo.

El criterio fundamental utilizado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de amparo constitucional, es la afinidad o identidad entre la materia que está atribuida a los jueces y los derechos y garantías denunciados como violados. Así lo dispone expresamente la mencionada ley, al consagrar en su artículo 7 que “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo”. Es de hacer notar, que con el criterio antes mencionado el legislador buscó que fueran los jueces que estuvieran más consustanciados con los derechos constitucionales denunciados como lesionados, los que tuvieran la competencia para conocer de la acción de amparo, circunstancia ésta que redundaría en la eficacia y desarrollo de la institución. Así las cosas, cuando en materia de amparo constitucional se denuncie la violación de algunos de estos derechos, se debe determinar a los fines de conocer el tribunal competente, la relación existente entre el accionante y el presunto agraviante, para lo cual debe tomarse en consideración los valores e intereses envueltos en la violación o violaciones denunciadas, así como la naturaleza de las actividades realizadas y del órgano del cual emana la conducta agraviante.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente acción, y en consecuencia DECLINA el conocimiento de la misma en el Tribunal de Carrera Administrativa órgano al cual se ordena remitir las presentes actuaciones, sin perjuicio de que el actor ejerza la presente acción por ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la localidad donde se produjo el hecho lesivo. Publíquese, regístrese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.