Sentencia N° 301 Constitucional TSJ 2001: Luis Alberto Santos Castillo vs Junta Liquidadora del Banco de los…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Alberto Santos Castillo, apoderado de Inversiones IRSINA C.A., contra la Junta Liquidadora del Banco de los Trabajadores de Venezuela C.A. La Corte consideró que la acción fue presentada fuera del lapso de seis meses establecido por la Ley Orgánica de Amparo, debido a que la lesión a los derechos constitucionales se había producido antes de la interposición de la acción. La Sala concluye que el consentimiento en la lesión se evidencia por el transcurso del tiempo sin respuesta adecuada por parte de la Junta Liquidadora.

Visto lo anterior, esta Sala pasa a decidir la apelación del fallo y a tal efecto observa: El fundamento de la decisión apelada para declarar inadmisible la presente acción de amparo constitucional, lo fue el consentimiento en la lesión por el transcurso del tiempo, luego de verificada la misma, a tenor de lo dispuesto en la causal contenida en el numeral 4, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que el a quo sostuvo que por motivo de las constantes diligencias dirigidas por la empresa Inversiones Irsina C.A., a la Junta Liquidadora del Banco de los Trabajadores de Venezuela C.A., requiriéndole información sobre el proceso de liquidación de dicha institución, las cuales datan de 1996, resulta evidente el transcurso del lapso preclusivo de seis (6) meses a que hace alusión la causal de inadmisibilidad supra citada, ya que la presente acción de amparo constitucional fue ejercida el 12 de marzo de 1998, es decir, más de un (1) año después de verificada la supuesta lesión constitucional. En efecto, observa esta Sala que la accionante dirigió constantes comunicaciones a la Junta Liquidadora del Banco de los Trabajadores de Venezuela, a través de las cuales le solicitaba información sobre el proceso de liquidación de dicha institución (folios 15 al 20 y 31). La primera de ellas data del 25 de noviembre de 1996, circunstancia que evidencia que es desde la fecha de vencimiento de los veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente a la interposición de la solicitud, que para el caso es el 23 de diciembre de 1996, todo ello conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando comenzó la presunta lesión por surgir a partir de esa fecha la obligación de respuesta de la Administración y por ende el lapso de caducidad de la acción a que se refiere el numeral 4, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por lo que, al haberse ejercido la presente acción de amparo constitucional en fecha 12 de marzo de 1998, transcurrió sobradamente el lapso de seis (6) meses para considerar que hay consentimiento expreso de la lesión por parte de la accionada, tal como acertadamente lo apreció el a quo, lo que conlleva a esta Sala a confirmar el fallo apelado, y así se declara.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 17 de septiembre de 1998, por la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Luis Alberto Santos Castillo, actuando en su carácter de apoderado judicial de la empresa INVERSIONES IRSINA C.A., contra la Junta Liquidadora del Banco de los Trabajadores de Venezuela C.A. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.