Sentencia N° 30 Constitucional TSJ 2001: César Augusto Betancourt, Yaneth Castrillon… vs Juzgado Primero de Primera Instancia en…

TSJ/SC, Sent. N° 30, Exp. 00-3163, 25/01/2001 · 25 de enero de 2001
Expediente00-3163
Parte actora / solicitanteCÉSAR AUGUSTO BETANCOURT, YANETH CASTRILLON, FRANKLIN COVA, GUILLERMO CRUZ, JORGE CRUZ, ORLANDO CRUZ, JOSÉ ROBERTO CRUZ, GREGORIO GONZÁLEZ, ELDA HERNÁNDEZ, JOSÉ GREGORIO MARCANO, YESENIA DE LUCES OSUNA, LUCRECIA LOURDES LUCES, DEISY MALAVÉ, ALFONSO MEJÍAS, ELENA MENDOZA, JOSÉ PACHECO GÓMEZ, MARTHA RODRÍGUEZ, CARLOS SIFONTES, RICARDO SUÁREZ, FELIDA VÁLDEZ, JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ, ISABEL LUCES, ARGENIS PEÑALOSA, OSCAR BOLÍVAR, EFRÉN ARTEAGA, LUZ MIRIAN LÓPEZ CASTILLO, ANA CEPEDA, OMAR HERNÁNDEZ, MARLENE GONZÁLEZ, MARÍA RUBIELA ALARCÓN, ELVIRA DÍAZ, TERESA SUBERO, BLANCA MARÍN, RUBÉN LUCES, HENRY LUCES, YANITZA DEL VALLE MALAVÉ, ANATANSE PÉREZ, JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ, JOSEFINA DEL VALLE BRITO, JOSÉ ANTONIO HERRERA, MATILDE GÓMEZ DE CRUZ, YENNY CAROLINA CRUZ, ELIZABETH LUCES, THAINA EDINT TIDO QUERALES, CARMEN ALEJANDRA RODRÍGUEZ MARCANO, RAMÓN VELIZ WILMAN, FOSION JOSÉ RIVERO GIL, ELSA SUBERO DE RIVERO, ANTONIO LUIS MARTINES, LUISA TERESA HERNÁNDEZ, YUDITH DE PACHECO, CAROLINA MARTINES, FERNIZ VÁLDEZ, CARMEN GARCÍA, ALEXANDER COA LUZ
Parte demandada / contraparteJuzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
PonentePEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-01-25
DecisiónSin Lugar

Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo interpuesta por un grupo de ciudadanos contra una medida de secuestro decretada por un Juzgado de Primera Instancia. La Sala argumenta que los accionantes no agotaron las vías judiciales ordinarias disponibles para impugnar la medida, lo que configura un consentimiento tácito a la misma. Además, se establece que la acción de amparo no era el medio idóneo para obtener la tutela judicial efectiva en este caso, dado que existían otros recursos legales que podían ser utilizados.

Extracto de la motiva

En el caso de autos la acción de amparo constitucional fue ejercida contra la medida de secuestro decretada en fecha 1º de noviembre de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui sobre un inmueble que según afirman los accionantes estaba siendo poseído por ellos desde hace aproximadamente doce (12) años. La Sala tiene establecido, en decisión nº 848/2000 (en el mismo sentido: 866/2000, 946/2000 y 1023/2000), que la garantía de los ciudadanos para la protección de sus derechos constitucionales adquiere funcionalidad no sólo a través de la demanda de amparo a que se contrae el artículo 27 de la Constitución vigente, sino, además, por el ejercicio de las vías ordinarias de gravamen o impugnación de actos judiciales establecidas en otros cuerpos normativos, pues ellas no sólo han sido estatuidas para asegurar la paz social -dirigidas como están a garantizar la aplicación de las normas legales o sublegales vigentes-, sino también para que sirvan a todos los tribunales –sea cual fuere el grado jurisdiccional en que se encuentren- a fin de aplicar la Constitución con preferencia a otras normas jurídicas. Así lo ha establecido la jurisprudencia de esta Sala y lo mantiene la doctrina más autorizada. Ello significa que a los Tribunales de Instancia y a las Salas de este Máximo Tribunal, les es dable interpretar y aplicar naturalmente los valores, principios y preceptos prescritos en la Carta Magna o que fundamentan el orden constitucional, tanto en los casos de mayor complejidad como en las tareas de menor relevancia que les toque realizar. Al mismo tiempo, y como derivación de lo anterior, también les corresponde propiciar una interpretación constitucional de todo el conjunto de normas jurídicas que le sean vinculantes o que les toque utilizar en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Dispositiva

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos CÉSAR AUGUSTO BETANCOURT, YANETH CASTRILLON, FRANKLIN COVA, GUILLERMO CRUZ, JORGE CRUZ, ORLANDO CRUZ, JOSÉ ROBERTO CRUZ, GREGORIO GONZÁLEZ, ELDA HERNÁNDEZ, JOSÉ GREGORIO MARCANO, YESENIA DE LUCES OSUNA, LUCRECIA LOURDES LUCES, DEISY MALAVÉ, ALFONSO MEJÍAS, ELENA MENDOZA, JOSÉ PACHECO GÓMEZ, MARTHA RODRÍGUEZ, CARLOS SIFONTES, RICARDO SUÁREZ, FELIDA VÁLDEZ, JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ, ISABEL LUCES, ARGENIS PEÑALOSA, OSCAR BOLÍVAR, EFRÉN ARTEAGA, LUZ MIRIAN LÓPEZ CASTILLO, ANA CEPEDA, OMAR HERNÁNDEZ, MARLENE GONZÁLEZ, MARÍA RUBIELA ALARCÓN, ELVIRA DÍAZ, TERESA SUBERO, BLANCA MARÍN, RUBÉN LUCES, HENRY LUCES, YANITZA DEL VALLE MALAVÉ, ANATANSE PÉREZ, JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ, JOSEFINA DEL VALLE BRITO, JOSÉ ANTONIO HERRERA, MATILDE GÓMEZ DE CRUZ, YENNY CAROLINA CRUZ, ELIZABETH LUCES, THAINA EDINT TIDO QUERALES, CARMEN ALEJANDRA RODRÍGUEZ MARCANO, RAMÓN VELIZ WILMAN, FOSION JOSÉ RIVERO GIL, ELSA SUBERO DE RIVERO, ANTONIO LUIS MARTINES, LUISA TERESA HERNÁNDEZ, YUDITH DE PACHECO, CAROLINA MARTINES, FERNIZ VÁLDEZ, CARMEN GARCÍA, ALEXANDER COA LUZ, contra la medida de secuestro decretada, en fecha 1º de noviembre de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y CONFIRMA en los términos expuestos, la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2000, dictada por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de esa misma Circunscripción Judicial, desestimatoria de la acción, no por razones de improcedencia sino de inadmisibilidad. En consecuencia, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por los accionantes en esa misma fecha, contra la citada sentencia.

Palabras clave

amparo constitucionalmedida de secuestroderecho a la defensadebido procesoinadmisionrecurso de apelaciónconstituciónjurisprudencia

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